El Concejo Distrital de Barranquilla dio luz verde a un proyecto clave para el futuro de los servicios públicos de la ciudad, al aprobar la cesión de la infraestructura de acueducto, alcantarillado y aseo a la empresa Triple A por un periodo de 20 años.
La medida empezará a regir a partir de octubre de 2033, una vez concluya el contrato de concesión vigente, y busca garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad en la prestación de servicios esenciales para los barranquilleros.
Durante el debate, el concejal José Trocha, ponente de la iniciativa, destacó que el acceso a los servicios públicos, especialmente al agua potable, responde a principios fundamentales establecidos en la ley. “La finalidad colectiva y la universalidad obligan a que todos los ciudadanos tengan acceso a estos servicios. Es deber del Distrito y del Concejo garantizar ese derecho básico”, señaló.
Desde la administración distrital se explicó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la gestión eficiente de la infraestructura pública, permitiendo una operación más sólida y sostenible a largo plazo.
La secretaria de Hacienda, Emelith Barraza; la secretaria jurídica, Margine Cedeño; y el asesor jurídico de la Alcaldía, Guillermo Acosta, coincidieron en que la cesión representa una estrategia estructural para mejorar la calidad del servicio y el bienestar ciudadano.
Según la Alcaldía, la iniciativa se sustenta en tres pilares estratégicos. El primero es el fortalecimiento financiero de Triple A, ya que la formalización del uso de la infraestructura mejora su perfil de riesgo ante el sistema financiero, facilitando el acceso a créditos para grandes proyectos de inversión.
El segundo pilar es la seguridad jurídica, que permitirá planificar obras de mantenimiento y expansión con una visión de largo plazo, reduciendo la incertidumbre contractual. Finalmente, al ser el Distrito accionista mayoritario de la empresa con más del 68%, los beneficios de esta capitalización impactarán directamente en la mejora del servicio que reciben los ciudadanos.
Con esta decisión, el Concejo y la Alcaldía buscan blindar la prestación de los servicios públicos esenciales en Barranquilla durante las próximas dos décadas.
