Hace un año, el Gobierno Nacional tomó el control de la empresa distribuidora de energía Air-e, con la promesa de corregir el rumbo y estabilizar el servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Pero lo que en su momento fue presentado como una solución técnica y transitoria, hoy se percibe como un problema estructural que, lejos de resolverse, ha escalado a una crisis nacional.
Los resultados de la intervención, bajo la dirección de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, están lejos de ser alentadores. El balance, según gremios empresariales, expertos en energía y líderes sociales, es crítico: deuda duplicada, cuatro interventores en doce meses, inestabilidad operativa y un riesgo inminente de apagón.
“Esto no es solo un problema de la región Caribe. Es un tema de país que amenaza con arrastrar toda la cadena energética nacional”, alerta Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, al describir una intervención que califica como “débil y sin rumbo”.
Una deuda que se disparó
Cuando la Superintendencia tomó el control de Air-e, la empresa acumulaba deudas por alrededor de $700 mil millones. Un año después, ese número asciende a $1.4 billones, según cifras del sector. La gestión de la Superservicios ha sido intermitente y desarticulada. Cuatro agentes interventores han pasado por la administración de Air-e, sin lograr estabilidad ni definir un plan de acción sostenible.
La situación actual no solo pone en vilo el servicio en tres departamentos, sino que amenaza con desestabilizar el sistema interconectado nacional. El riesgo de racionamiento de energía del 30% al 35% ya no parece una hipótesis lejana, sino una posibilidad tangible.
Una intervención sin respaldo financiero
El problema, coinciden los expertos, no es solo técnico o administrativo: es también político y financiero. La directora de Acopi, Rosmery Quintero, lo resume con crudeza:
“Sin recursos frescos del Gobierno, cualquier intento de solución será un saludo a la bandera. Se necesita voluntad política real, no discursos”.
Desde la Veeduría Ciudadana conformada por gremios del Caribe, ya se han interpuesto acciones legales exigiendo respuestas. La más reciente: una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, y una tutela en el Consejo de Estado para que el Gobierno garantice acceso a la información financiera de la empresa.
Para Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Integremial del Atlántico, lo ocurrido hasta ahora “es una intervención improvisada, sin continuidad y sin un horizonte claro”.
¿Se está incumpliendo la ley?
Norman Alarcón, líder de la Liga de Usuarios del Caribe, va más allá: asegura que el Gobierno nacional podría estar incumpliendo mandatos constitucionales y legales. Cita el artículo 365 de la Constitución y las leyes 142 y 143 de 1994, que obligan al Estado a garantizar la continuidad y calidad del servicio, así como el cumplimiento de las obligaciones financieras generadas después de la intervención.
“Air-e está técnicamente insolvente. No hay inversiones, las deudas con generadores ascienden a $1.5 billones y el servicio no ha mejorado. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado?”, se pregunta.
Una crisis que exige decisiones estructurales
El diagnóstico está hecho, y es alarmante. El sistema energético del país está al borde de una crisis si Air-e colapsa. Los gremios coinciden en que las soluciones pasan por tres elementos concretos: voluntad política, recursos financieros y ajustes regulatorios desde la CREG.
El reto ahora es que el Gobierno Nacional deje de ver a Air-e como un caso aislado de la Costa Caribe y lo asuma como una prioridad de Estado. Lo contrario sería arriesgar no solo el suministro eléctrico regional, sino comprometer la estabilidad del sistema energético del país.
