El Distrito de Barranquilla ha oficializado su intención de revisar los límites territoriales con el municipio de Puerto Colombia, específicamente en el área conocida como el Corredor Universitario. A través de una solicitud presentada al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) el pasado 21 de febrero, la administración distrital ha pedido la apertura de una actuación administrativa de deslinde para modificar la cartografía oficial que define los límites entre ambas entidades. Esta solicitud se fundamenta en el Acto Legislativo 01 de 1993, que establece la expansión territorial de Barranquilla como Distrito, así como en la legislación vigente que regula los procedimientos de deslinde territorial.
El Distrito subraya que esta solicitud es respaldada por antecedentes históricos y la normativa constitucional vigente, incluyendo el artículo 290 de la Constitución, la Ley 1447 de 2011 y la Ley 1617 de 2013. A su vez, la administración barranquillera destaca la relevancia de la solicitud tras la reciente sentencia del Consejo de Estado del 6 de febrero de 2025, que declaró la nulidad de la Ordenanza No. 000075 de 2009 emitida por la Asamblea Departamental del Atlántico. Esta ordenanza había establecido los límites territoriales entre Barranquilla y Puerto Colombia, pero fue anulada por no haber seguido el procedimiento adecuado ni realizado la consulta popular correspondiente, lo que refuerza el interés legítimo del Distrito sobre las 1.435 hectáreas que están en disputa.
El Corredor Universitario, un área clave que alberga instituciones educativas, comercios, y zonas residenciales, se ha convertido en un punto neurálgico en esta disputa, pues representa un territorio estratégico tanto para Barranquilla como para Puerto Colombia. Además, la zona está vinculada a importantes fuentes de ingresos para ambos municipios, lo que ha intensificado el conflicto. A pesar de los antecedentes y la normativa que apoya la solicitud de Barranquilla, la situación geográfica de la región añade una capa de complejidad al proceso. La conurbación entre ambos territorios, producto del crecimiento urbano y la expansión de Barranquilla hacia el municipio vecino, dificulta la determinación exacta de los límites, ya que los desarrollos urbanos han alterado las características geográficas naturales que antes servían para definir los límites territoriales.
La ingeniera catastral y geodesta, Diana Chingate, explicó que la conurbación es un factor decisivo en este tipo de procesos, pues complica la determinación de los límites que estaban definidos por la ordenanza anterior a la 075 de 2009. Según Chingate, el análisis catastral debe tomar en cuenta no solo las características geográficas, sino también los impactos económicos que la zona genera para las comunidades de ambos territorios, especialmente en el caso de Puerto Colombia, donde el Corredor Universitario representa cerca del 55% de los ingresos municipales.
A raíz de esta compleja situación, el Igac será el encargado de determinar, a través de un análisis geográfico y técnico, las variables que permitirán solucionar la controversia territorial. Ambas partes deberán presentar un informe detallado sobre el territorio en disputa, con su respectiva cartografía, actividades económicas, y marco normativo, para que el proceso de deslinde avance correctamente.
El municipio de Puerto Colombia ya ha conformado un equipo especializado para defender sus intereses en la zona y está preparando el informe técnico que presentará al Igac. Este informe será evaluado por el Congreso de la República, que tendrá la última palabra en la resolución del conflicto.
Este conflicto, que involucra alrededor de 1.400 hectáreas, está centrado en un área que alberga varias instituciones educativas de prestigio, centros comerciales, clubes sociales y desarrollos residenciales, lo que subraya la importancia de resolver la disputa. Además, es probable que esta decisión tenga un impacto en el futuro desarrollo urbanístico y económico de ambas regiones, por lo que se espera que el proceso legal avance con rapidez para evitar mayores complicaciones.
La administración distrital de Barranquilla ha dejado claro que, con base en la legislación vigente y los antecedentes históricos que respaldan su solicitud, está decidida a reclamar el control sobre el Corredor Universitario. A medida que avancen los trámites administrativos y judiciales, la atención de los ciudadanos y autoridades locales se mantendrá centrada en cómo se resuelven los intereses territoriales entre estos dos municipios del Atlántico.
