Un nuevo capítulo se abre en la disputa jurídica por el control de la Universidad Autónoma del Caribe, luego de que el exrector Ramsés Vargas Lamadrid interpusiera recurso de apelación contra la decisión que restituye los derechos a Silvia Gette Ponce para retomar la rectoría.
La apelación fue presentada tras el fallo de primera instancia del Juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Barranquilla, decisión que Vargas calificó como “viciada”.
“Es una sentencia encubierta”
Vargas Lamadrid argumentó que el juez excedió sus funciones al emitir lo que, a su juicio, equivale a una sentencia anticipada.
“La decisión está viciada porque no es una medida cautelar, sino una sentencia encubierta”, afirmó, señalando que el despacho habría dado por probadas irregularidades sin que el proceso haya concluido.
También cuestionó la mención de un supuesto informe grafológico que —según dijo— no existe dentro del expediente o no fue puesto en conocimiento de su defensa.
Contexto del caso
El proceso se remonta a la elección de Vargas como rector en 2013, la cual es investigada por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades.
En noviembre de 2025, la Fiscalía imputó cargos por fraude procesal y falsedad en documento privado al exrector y a miembros del Consejo Directivo de ese entonces, al considerar que no cumplía los requisitos estatutarios para asumir el cargo.
Según el ente acusador, la designación se habría dado de manera irregular, pese a que existían otras figuras dentro de la universidad que debían asumir el cargo de forma transitoria.
Posturas enfrentadas
Mientras la decisión judicial busca restablecer los derechos de Silvia Gette —quien figura como víctima en el proceso—, Vargas sostiene que el juez omitió elementos clave del contexto institucional y administrativo de la época.
El exrector también lanzó duros cuestionamientos sobre la administración anterior, asegurando que la universidad atravesaba una crisis estructural cuando asumió el cargo.
Lo que viene
Ahora será un juez de segunda instancia el encargado de resolver la apelación y definir si se mantiene o se revoca la restitución de derechos a Gette.
El caso sigue generando atención en Barranquilla por sus implicaciones jurídicas y el impacto en la gobernabilidad de la institución.
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