En una decisión que vuelve a sacudir el panorama académico y judicial en Barranquilla, el juez Néstor Segundo Primera explicó, punto por punto, las razones que lo llevaron a ordenar el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette Ponce, habilitándola para asumir nuevamente la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.
Durante la audiencia de este miércoles, el togado dejó claro que su decisión se sustenta en varios elementos jurídicos clave, empezando por el reconocimiento de Gette como víctima dentro del proceso. Según explicó, tras analizar el material probatorio presentado por la Fiscalía, existe una inferencia razonable de que en 2013 se habrían manipulado actas del consejo directivo para favorecer la designación de Ramsés Vargas Lamadrid como rector, desplazando de manera irregular a Gette.
El juez también tuvo en cuenta que la exrectora presentó una denuncia formal por la vulneración de sus derechos, lo cual derivó en imputaciones por delitos como fraude procesal y falsedad en documento privado contra Vargas Lamadrid y otros exmiembros del consejo directivo. A su juicio, estos hechos evidencian una afectación directa contra Gette, lo que refuerza su calidad de víctima.
Otro de los puntos centrales de la decisión fue el análisis de la condena que pesa sobre la exrectora. El juez recordó que Gette fue sentenciada en 2019 por abuso de confianza agravado, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2022. Sin embargo, subrayó que la pena ya fue cumplida en su totalidad.
“Una vez cumplida la pena, no se le puede cercenar en la misma”, afirmó el juez, al insistir en que no existe actualmente ninguna inhabilidad vigente que le impida ejercer cargos. En esa línea, resaltó el principio constitucional de resocialización, señalando que el Estado no puede mantener restricciones indefinidas sobre una persona que ya cumplió su condena.
En cuanto a los estatutos internos de la universidad, el juez fue enfático en señalar que no encontró disposiciones claras que establezcan inhabilidad por antecedentes penales en este caso. Incluso advirtió que, de existir, estas podrían chocar con principios constitucionales fundamentales.
Con base en estos argumentos, el despacho judicial ordenó el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette, abriendo la puerta para su regreso a la rectoría de la institución.
No obstante, la decisión aún no está en firme. Representantes del Ministerio de Educación y de la propia universidad interpusieron recurso de apelación, por lo que será un juez del circuito quien defina en segunda instancia el futuro de este polémico caso.
