Se trata del exmagistrado Jorge Eliécer Mola Capera, quien a raíz de una investigación se encuentra en jaque, bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia, luego de que al parecer, hubiese emitido decisiones contrarias a la ley.
Igfualmente, Mola Cepeda es señalado por, al parecer, incrementar su patrimonio de manera injustificada.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder el expediente que pone en jaque a Jorge Eliécer Mola Capera, exmagistrado del Tribunal Superior de Barranquilla.
El exmagistrado Jorge Eliécer Mola Capera, es acusado por prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito por usar, según la Fiscalía, la justicia para emitir decisiones contrarias a la ley. Según reposa en la investigación, el delegado de la rama Judicial habría obtenido alrededor de $1.350 millones, entre diciembre de 2011 a octubre de 2019, aprovechando su condición de servidor público y juez. El ente acusador le reprocha haber utilizado a su núcleo familiar para sus fines delictivos. El Espectador conoció los detalles del proceso.
El primer caso que enreda al exmagistrado data de 2016 y es un pleito entre Alberto Enrique Acosta Pérez e Ivonne Acosta de Jaller, quienes se están disputando la representación legal de la Fundación Acosta Bendek. Se trata de una organización creada por el exsenador fallecido Gabriel Acosta Bendek, quien había dado órdenes explícitas antes de su muerte para que quien asumiera la representación legal de la fundación fuera el presidente de la junta directiva. En el papel, Ivonne Acosta era la hereda. Sin embargo, Alberto Enrique Acosta se atravesó y, a través de un acta promovida por él, radicada en la Cámara de Comercio de Barranquilla, fue nombrado representante legal de la fundación.
Para infortunio de Acosta Pérez, el documento se suspendió por orden del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla en diciembre de ese mismo año. Con esa decisión, todo quedó nuevamente como el exsenador lo estableció: Ivonne Acosta de Jaller asumía la representación legal. En negativa a dicha determinación, Acosta Pérez interpuso una acción de tutela en la que pedía que se suspendieran la decisión del juzgado y se le garantizaran el debido proceso, el acceso a la justicia y el derecho a la defensa. La tutela cayó en el despacho de Mola Capera, quien, según la Fiscalía, emitió tres decisiones judiciales contrarias a la ley. La primera: emitir una medida cautelar a favor de Acosta Pérez.
Su decisión se conoció el 16 de diciembre de 2016. En el escrito de acusación, conocido por este diario, la Fiscalía le reprochó haber tomado esa decisión debido a que, a su juicio, no contaba con las pruebas necesarias ni tuvo en cuenta las actuaciones emitidas por los jueces en el proceso. “La intervención del juez constitucional para decretar una medida cautelar no se encuentra explicada, sustentada, fundamentada y mucho menos justificada, en la medida que Mola Capera no motivó en forma racional, lógica, seria y concreta acorde a los elementos de prueba puestos a su consideración”, dice el documento y añadió que el exmagistrado desconoció las reglas de reparto de las acciones de tutela.
