Desde Barranquilla, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre los avances en las mesas de diálogo con los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, subrayando la necesidad de construir un proceso sólido que no repita los errores del pasado.
El funcionario celebró la disposición de estos grupos para entablar conversaciones, señalando que su voluntad de diálogo representa una oportunidad concreta para reducir los índices de sicariato, extorsión y narcotráfico en el Atlántico, especialmente en municipios como Malambo, Soledad y Barranquilla, donde la violencia ha repuntado de forma alarmante.
“Es positivo que estas estructuras criminales estén dispuestas a negociar. Lo que buscamos es frenar esa ola de crímenes que afecta a los jóvenes y a la economía local”, declaró Benedetti.
Sin embargo, fue claro al advertir que el proceso no puede desarrollarse sin protocolos claros y estrictos. Aunque evitó dar detalles sobre el contenido de esos protocolos, aseguró que ya se están aplicando y son fundamentales para garantizar que los acuerdos no se desvíen.
“No repetir los errores del pasado”
Benedetti fue enfático al señalar que el proceso con ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ no puede convertirse en una copia del fallido esquema de reintegración de las FARC, del cual surgieron múltiples disidencias tras la firma del acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos.
“El proceso de paz de Santos nos dejó una enseñanza: si no hay reglas claras ni mecanismos de control, el resultado puede ser la traición del acuerdo y el fortalecimiento del narcotráfico. Lo que no podemos permitir es que los errores de ese proceso se repliquen con estas bandas urbanas”, afirmó el Ministro.
También criticó directamente a figuras del pasado proceso, como el exfiscal Néstor Humberto Martínez, a quien responsabilizó por el debilitamiento de la implementación del acuerdo con las FARC.
En ese sentido, Benedetti dejó claro que cualquier acuerdo con estructuras delincuenciales urbanas debe ser cumplido en su totalidad, tanto por el Estado como por los grupos en proceso de sometimiento, para evitar que las negociaciones se conviertan en nuevas fuentes de conflicto.
Hacia un proceso distinto y más estricto
Con el respaldo del Gobierno Nacional, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, las mesas avanzan en medio de estrictos controles y bajo el marco de la Ley de Paz Total. El Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y organismos de inteligencia trabajan en la caracterización de los integrantes de estas organizaciones, paso clave para definir el enfoque social del proceso.
La prioridad, aseguran desde el Gobierno, será proteger a la población, reducir los índices delictivos y evitar que los errores del pasado se conviertan en obstáculos para una paz urbana efectiva.
