Estas irregularidades, sumadas a los casos reportados en Magdalena y La Guajira, generaron pérdidas por más de 270 millones de pesos.
En el marco de operativos estratégicos contra el fraude de energía, Air-e Intervenida descubrió cinco nuevos casos de manipulación y uso irregular del servicio de energía en diferentes establecimientos comerciales de Barranquilla.
Un primer hallazgo corresponde al de una procesadora de alimentos, ubicada en el barrio Simón Bolívar, que contaba con un equipo de medida con error en la misma, y sellos de tapa principal manipulados.
Otro de los casos está relacionado al fraude de energía que se detectó en un centro de terapias, en el barrio Las Delicias, por cuenta de un equipo de medida apagado; sumado a un servicio directo en un almacen de calzado en un sector del Centro de Barranquilla.
Así las cosas, mientras que una plastiquera del barrio San José contaba con el servicio directo (sin medidor); en un taller de mecanica en el barrio Colombia, de razón social ‘Polarizados Auto King’, se detectó una línea directa por fuera de la medida.
En uno de los casos que más llamó la atención, una empresa de pinturas ubicada en zona urbana de Galapa operaba conectada ilegalmente a un transformador de 150 KVA, lo que representa un riesgo eléctrico y económico considerable.
Casos reportados en Magdalena y La Guajira
En lo que respecta al Magdalena, en un casino de El Rodadero, en Santa Marta, se halló un servicio directo sin medidor, mientras que en el barrio Juan XXIII de la capital samaria, un establecimiento comercial fue descubierto con medidor electrónico con tapa principal maltratada.
En el Barrio Arriba de Riohacha se encontró que un restaurante contaba con acometida fraudulenta, sumado a un granero del sector de Carraipia, en Maicao, que tenía un servicio directo con medidor.
La empresa Air-e Intervenida pudo calcular que las pérdidas económicas reportadas superan los 270 millones de pesos, afectando la sostenibilidad del servicio de la región Caribe.
Air-e reitera su llamado a los usuarios a hacer un uso legal y seguro del servicio, recordando que estas prácticas pueden tener consecuencias judiciales y riesgos eléctricos para las personas y sus comunidades.
