El debate sobre el cobro de la tasa de seguridad en la factura de energía se ha reavivado tras una carta enviada por Edwin Palma, agente interventor de Air-e, a la Asamblea del Atlántico. En la misiva, Palma instó a revisar este tributo y su impacto en las familias más vulnerables del departamento, destacando serios reparos jurídicos sobre su definición y la forma en que se impuso la condición de agente recaudador a la empresa de energía. Aseguró que este cobro viola varias leyes y sentencias, y señaló que la obligación de recaudar el tributo no debería recaer en una empresa privada como Air-e.
Desde la Asamblea, algunos diputados defendieron el cobro, argumentando que es legal y necesario para fortalecer la seguridad en Barranquilla y el área metropolitana, donde los recursos provenientes de esta tasa son clave. Sin embargo, otros cuestionaron su impacto económico, como el diputado Alfredo Varela, quien rechazó el cobro por considerarlo un tributo costoso para las familias y por la falta de transparencia sobre su destino. La discusión continúa, con llamados a revisar y ajustar la estructura del tributo para hacerlo más justo y equitativo, especialmente para los usuarios más vulnerables.
