En la noche de ayer lunes trascendió el auto de suspensión provisional del registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Rafael José Pérez Herazo, tras una queja presentada en 2015 por parte de Vilma Del Carmen Marimón López.
“Las presuntas irregularidades consistieron en adelantar una actuación y afectar el área de un inmueble identificado con FMI 040-210789, disminuyéndolo de 95 hectáreas más 4,812 con 25 centímetros, a 5 hectáreas, cuando tal situación jurídica había transitado a cosa juzgada en una previa Actuación Administrativa en la cual se expidió la Resolución 261 del 27 de abril de 2009 en la que se concluye que el predio tenía un área de 95 hectáreas más 4,812 con 25 centímetros”, asegura el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro, en el análisis.
La Superintendencia de Notariado y Registro precisó que «la evaluación de las diligencias y el material probatorio allegado al plenario, se encontraron presuntas irregularidades en torno a la infracción de disposiciones del caso antes mencionado».
La resolución habría sido arbitrariamente desconocida por el Registrador de la oficina, al emitir una nueva actuación sobre los hechos ya decantados.
La medida de suspensión provisional del servidor público investigado es de carácter preventivo, orientada al interés general y será de tres meses prorrogable.
Según el Superintendencia de Notariado, el funcionario estaría incurso con su actuación en presuntas irregularidades constitutivas, al parecer de la comisión de la conducta punible de Prevaricato por Acción.
En adelante, Pérez Herazo no tendrá derecho a remuneración por el término de la decisión y no podrá ejercer cargos públicos con el Estado en ese tiempo.
