El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación en relación con el proyecto de vivienda Ciudad Mallorquín, ubicado en Puerto Colombia, Atlántico.
La acción judicial, promovida por los procuradores Carlos Alberto Arrieta Martínez y Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, va dirigida contra varias entidades, entre ellas la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), el municipio de Puerto Colombia, el Área Metropolitana de Barranquilla, Triple A, el departamento del Atlántico, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Vivienda.
Exigencias de la acción popular
Los procuradores demandantes buscan, entre otros puntos:
- Declarar un estado de cosas inconstitucional debido a la falta de saneamiento básico y la protección ambiental en la Ciénaga de Mallorquín.
- Reformular el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de Puerto Colombia para garantizar el tratamiento adecuado de aguas residuales.
- Exigir a las entidades demandadas la financiación y construcción de obras de alcantarillado y plantas de tratamiento.
- Impedir el desarrollo urbano sin garantizar disponibilidad efectiva de servicios públicos, evitando proyectos que perjudiquen el ecosistema.
- Obligar a la actualización de planes ambientales y de ordenamiento territorial, asegurando la protección de áreas ecológicas.
- Implementar un plan de manejo del sitio RAMSAR para la conservación y restauración de la Ciénaga de Mallorquín.
- Conformar un comité de verificación que supervise el cumplimiento de las órdenes emitidas por el tribunal.
Posibles afectaciones ambientales
El 20 de diciembre de 2024, la Procuraduría llevó a cabo una visita técnica preventiva al Proyecto Urbano Ciudad Mallorquín con el fin de evaluar su impacto ambiental. Durante la inspección, realizada junto con la CRA, se identificaron varias problemáticas:
- Manejo inadecuado de aguas residuales, que estarían siendo vertidas en el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, generando acumulaciones contaminantes.
- Disposición irregular de material de construcción y posible tala de vegetación, lo que ha generado preocupación por una posible explotación ilegal de mangle.
Ante estos hallazgos, la Procuraduría solicitó medidas urgentes para mitigar los daños ambientales y proteger la biodiversidad del área afectada. El proceso ahora seguirá su curso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
