El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó el cierre inmediato del antiguo Puente Pumarejo, tras admitir una acción popular presentada por el personero distrital, Miguel Alzate, ante el evidente deterioro de la estructura y el riesgo que representa para peatones, vehículos y embarcaciones del río Magdalena.
En diálogo con Noticias Ya!, Alzate afirmó que la inspección de la estructura evidenció un “deterioro total, sin ningún mantenimiento”, con huecos, falta de barandas y desprendimiento de partes del puente, lo que pone en peligro la vida de quienes lo utilizan a diario y de los pescadores que navegan por el río.
Orden judicial y plazos
La medida cautelar fue dirigida al Instituto Nacional de Vías (Invías), responsable de la vía nacional, y establece un plazo de 45 días para formalizar el cerramiento del puente. Alzate enfatizó la necesidad de cumplir esta orden “con inmediatez” para evitar tragedias mientras se definen los pasos para la demolición parcial de la estructura.
Demolición funcional y costo del retraso
El objetivo principal de la acción no es una demolición total, sino una demolición funcional, que permita el paso seguro de buques de gran calado, complementando la inversión de más de 800.000 millones de pesos del nuevo puente.
Según el personero, la dilación del proceso ha generado un daño antieconómico: mientras que en 2019 la demolición se estimaba entre 60.000 y 70.000 millones de pesos, los estudios actuales calculan un costo superior a 110.000 millones de pesos. La Contraloría vigila el proceso para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y se proteja la competitividad de la ciudad.
Riesgo para la comunidad
El puente sigue siendo utilizado por peatones, motos, bicitaxis y vehículos de tracción animal, a pesar de su avanzado estado de deterioro. Las autoridades advierten que una sección de la estructura podría desplomarse sobre las embarcaciones, poniendo en riesgo la vida de los pescadores y habitantes de la zona.
Con esta decisión, el Tribunal busca no solo garantizar la seguridad de la comunidad, sino también asegurar la correcta inversión de recursos públicos en la infraestructura del Magdalena y mantener la competitividad fluvial y vial de la región.
