Un grupo de venezolanos residentes en Barranquilla manifestó su rechazo a la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, al considerar que se trata de un acto sin legitimidad constitucional y contrario a la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024.
Decenas de ciudadanos se congregaron en la capital del Atlántico para expresar su posición frente al nuevo escenario político que atraviesa el vecino país, en medio de la captura de Nicolás Maduro y los anuncios de Estados Unidos sobre una eventual transición.
Desde Barranquilla, Juan Carlos Viloria, presidente de la Alianza Global por los Derechos Humanos, aseguró que, aunque las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible administración temporal de Venezuela deben entenderse como parte de una situación excepcional derivada del colapso institucional, esto no puede sustituir la soberanía popular.
“La salida democrática para Venezuela no puede ni debe reemplazar la voluntad del pueblo, sino garantizarla”, afirmó Viloria.
El vocero de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla sostuvo que la juramentación de Delcy Rodríguez “carece de toda validez constitucional” y constituye un intento de continuismo fraudulento por parte de estructuras que, a su juicio, ya no tienen legitimidad política, jurídica ni moral para gobernar.
Asimismo, insistió en que debe allanarse de manera inmediata el camino para que Edmundo González asuma la Presidencia de la República, al considerar que el pueblo venezolano ya se pronunció en las urnas y que no son necesarias nuevas elecciones.
“La única vía legítima para la transición es el respeto irrestricto a la voluntad del pueblo venezolano expresada en 2024, que otorgó un mandato claro para que Edmundo González asuma la Presidencia. Cualquier mecanismo transitorio debe ser temporal y estar subordinado a ese mandato”, señaló.
Los manifestantes también hicieron un llamado a organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la CELAC, para que conformen una comisión internacional de acompañamiento que supervise, garantice y verifique el proceso de transición, asegurando el cumplimiento del marco constitucional venezolano y de las normas internacionales.
Finalmente, solicitaron a los gobiernos de la región que acogen población venezolana reforzar sus políticas de asilo y protección, con un enfoque de derechos humanos y especial atención a las personas más vulnerables, en coordinación con mecanismos como la Plataforma R4V, el Proceso de Quito y los países firmantes de la Declaración de Cartagena.
