La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de nueve presuntos integrantes de una organización señalada de lavar más de 100.000 millones de pesos obtenidos mediante actividades relacionadas con el tráfico ilegal de migrantes a través del golfo de Urabá.
Según las investigaciones, la estructura criminal habría facilitado la salida irregular de más de 800.000 migrantes hacia Centroamérica, utilizando supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales como fachada para coordinar los desplazamientos de ciudadanos extranjeros.
La organización operaba principalmente desde los municipios de Necoclí, en Antioquia, y Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó. Desde estas zonas se coordinaba el transporte marítimo de migrantes provenientes de países como Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela y China.
De acuerdo con la Fiscalía, los recursos obtenidos eran ingresados al sistema financiero mediante diversas maniobras, entre ellas la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial, compra de bienes muebles e inmuebles, movimientos en efectivo y transferencias fraccionadas de dinero, conocidas como “pitufeo”.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los capturados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Los procesados no aceptaron los cargos.
Durante los operativos, realizados en coordinación con autoridades internacionales, fueron incautadas armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos probatorios que ahora hacen parte de la investigación.
Las autoridades continúan las pesquisas para identificar a otros posibles integrantes de la red y establecer el alcance de las operaciones financieras utilizadas para ocultar el origen ilícito de los recursos.
