La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes realizará el próximo 24 de septiembre un debate de control político para examinar la grave situación financiera de la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país.
A la sesión fueron citados el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, y la agente interventora de la entidad, Gloria Polanía, quienes deberán responder por las irregularidades detectadas tras la intervención ordenada por el Gobierno en abril de 2024.
De acuerdo con la Contraloría, los anticipos pendientes por legalizar pasaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, un aumento del 155 %. Además, en el primer semestre de 2025 se sumaron $6,6 billones adicionales, elevando el total a $15,27 billones, lo que compromete la liquidez de la EPS y genera riesgo de detrimento patrimonial.
El órgano de control también identificó 22,7 millones de facturas por $22,1 billones pendientes por procesar, de las cuales 9,1 millones, por $8,9 billones, están repetidas, quedando un saldo real de $13,2 billones en cuentas aún sin revisión.
El representante a la Cámara Andrés Forero advirtió que el debate busca que la Superintendencia explique el manejo de los recursos y las medidas para garantizar la prestación del servicio a los afiliados.
