Mientras líderes sociales, alcaldes y comunidades enteras levantan la voz pidiendo protección frente al avance de la violencia, el Gobierno de Gustavo Petro ha tomado una decisión que genera desconcierto: autorizar camionetas, escoltas y gasolina para los miembros del ELN y las disidencias de las Farc.
La revelación fue hecha por la revista Semana, que destapó los documentos de los millonarios beneficios entregados en el marco de la llamada “paz total”.
El argumento oficial es claro: garantizar la seguridad de los negociadores de estas organizaciones mientras avanzan los diálogos. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, cientos de líderes comunitarios denuncian que no reciben ni un chaleco antibalas, mientras las balas de los grupos armados siguen silenciando voces en las regiones.
La medida ha caído como un baldado de agua fría entre sectores que sienten que el Estado protege más a quienes empuñan las armas que a quienes defienden la vida y la democracia desde los territorios. El contraste resulta inevitable: camionetas blindadas para los jefes de la guerra, funerales sin justicia para quienes los enfrentan con palabras y liderazgo social.
El Gobierno insiste en que estos recursos hacen parte de un esfuerzo mayor por frenar décadas de conflicto. Sus críticos, en cambio, ven en ello una peligrosa señal de impunidad y desigualdad. Al final, el debate está abierto:
¿es este el costo de la paz o un nuevo capítulo de inequidad en un país que aún no logra proteger a quienes más lo necesitan?
