En allanamientos realizados en Bogotá y Barranquilla por personal del CTI, con apoyo del Gaula Militar, INVIMA así como por peritos, fueron capturadas 13 personas, presuntas integrantes de una red señalada de alterar medicamentos para tratar diversas patologías entre ellas, las enfermedades de alto costo y las denominadas huérfanas.
Según la Fiscalía, la estructura, al parecer, obtenía los fármacos vencidos y descompuestos que ingresaban ilegalmente al país, los trasladaba en precarias condiciones y como encomiendas a Bogotá; les modificaban las fechas de caducidad, lotes de fabricación así como registros, para darles la apariencia de auténtico.
“Los comercializaban a clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá. Igualmente, se estableció que la red habría sustraído de varios centros asistenciales medicamentos oncológicos de uso institucional y conseguido que fueran reemplazados por las medicinas alteradas”, explicó Hugo Tovar Pérez, director Especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se refirió al caso.
De acuerdo con el ente acusador, en algunas oportunidades, los articuladores de la red contactaban pacientes y los inducían a presentar tutelas para que les fuera reconocida la importación de medicamentos. Posteriormente, cuando recibían el fallo a favor, mediante intermediarios, lograban que les entregaran los productos en mal estado que habían sido modificados.
A los aprehendidos, entre los que se encuentran trabajadores de farmacéuticas, comercializadoras e Institutos Prestadores de Salud, fiscales de la dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos, les imputaron a los los delitos de concierto para delinquir, usurpación de derechos de propiedad industrial, derechos de obtentores de variedades vegetales, corrupción de alimentos, medicamentos o material profiláctico y enajenación ilegal de alimentos, cuatro de ellos aceptaron los cargos.
Los investigados son:
Diana Carolina Bernal Ferro y Luis Andrés Ramírez Villegas, representantes legales de dos farmacéuticas utilizadas para almacenar y vender los productos modificados.
Nidia Elena Parody Vásquez, coordinadora de una comercializadora de productos farmacéuticos.
Elma Johana Espinosa Narváez, gerente de compras de un Instituto Prestador de Salud señalada de vender e intercambiar los medicamentos. Tendría contactos con EPS y centros asistenciales.
Jaime Alirio Bernal Bautista, Emanuel Ramírez Correa, Elías Ignacio Cifuentes León, Néstor Javier Ruiz Correa, Edilberto Antonio Casadiego Ibarra, Alfonso Hernández Pinto, Álvaro Pedraza Jaimes, Carlos Armando Colorado Bermejo y Álvaro Vizcaino de la Hoz. Estas personas habrían participado en diferentes actividades como la obtención, transporte, alteración y almacenamiento de los medicamentos, además de otros aspectos logísticos y comerciales.
