La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) por presuntas irregularidades relacionadas con la liberación de Francisco Javier Zuluaga Lindo, conocido como alias “Gordo Lindo”, hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2022 en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá – La Picota.
La medida afecta al entonces director de la cárcel la Picota, Horacio Bustamante, el funcionario del área jurídica Fabián solano, así como el guardián Wiliam Salas.
La Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos los investiga por que al parecer los funcionarios habrían autorizado la libertad del interno sin verificar adecuadamente en las bases de datos judiciales la existencia de procesos, órdenes de captura y medidas de aseguramiento vigentes, procedimiento que constituye un deber obligatorio en el trámite de excarcelación.
La Procuraduría evidenció además que aparentemente existían antecedentes judiciales, sentencias condenatorias y requerimientos judiciales activos contra Zuluaga Lindo al momento de su salida del centro penitenciario.
Asimismo, se constató que un día antes de la excarcelación la Fiscalía General de la Nación había remitido información sobre una boleta de detención relacionada con el delito de tráfico de estupefacientes agravado, lo que indicaba que el interno debía permanecer privado de la libertad. Igualmente, dentro del expediente se estableció que un habeas corpus presentado en favor del interno había sido negado por un juez penal, por lo que tampoco existía orden judicial de libertad inmediata que justificara su excarcelación.
Frente a estos hechos descritos, la Procuraduría considera que la conducta investigada podría constituir una falta disciplinaria gravísima, cometida a titulo de culpa gravísima relacionada con la posibilidad de facilitar o dar lugar a la fuga o liberación irregular de una persona privada de la libertad.
El Ministerio Público destacó que esta actuación busca proteger la legalidad, la moralidad administrativa y la confianza ciudadana en el sistema penitenciario, así como garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.
