El panorama de lucha contra la corrupción en Colombia se oscurece aún más, según el más reciente informe de Transparencia Internacional, que sitúa al país en el puesto 92 entre 180 naciones evaluadas, con un puntaje de 39 sobre 100. Este descenso de 5 posiciones respecto al año anterior refleja un retroceso preocupante en la gestión de la corrupción a nivel global.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024 reveló que, pese a las señales de mejora observadas en años anteriores, Colombia ha vuelto a estancarse en su lucha contra la corrupción. Con una calificación de 39, el país se encuentra por debajo del umbral de 50 puntos, lo que señala una grave crisis en la transparencia y la efectividad de las políticas públicas para combatir este flagelo. En 2023, Colombia obtuvo 40 puntos, lo que indica una leve caída.
En comparación con otras naciones, los países que lideran el ranking son Dinamarca, Finlandia y Singapur, con puntuaciones cercanas a los 90 puntos, mientras que Colombia se encuentra muy por debajo de Uruguay (76) y supera a países como Brasil (34), Argentina (37), Ecuador (32) y Perú (31). En el contexto de los países miembros de la OCDE, Colombia ocupa una de las posiciones más bajas, solo superando a México (26) y Turquía (34).
El informe de Transparencia por Colombia, capítulo nacional de la organización, destaca la importancia del índice al evaluar aspectos como sobornos, desvío de fondos públicos y la captura del Estado. Sin embargo, también señala que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no ha logrado posicionar la lucha contra la corrupción como una prioridad. Esto, a pesar de los compromisos iniciales, ha sido socavado por una serie de escándalos, como los relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, advirtió que 2025 será un año clave para el país en cuanto a la lucha contra la corrupción. Enfatizó que la credibilidad de las instituciones judiciales y su capacidad para tomar decisiones decisivas será puesta a prueba en los próximos meses.
“Si queremos avanzar como país, debemos priorizar el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los recursos públicos. No se trata solo de combatir la corrupción, sino de devolverle a la ciudadanía la confianza y la certeza de que sus derechos están siendo respetados en la gestión pública”, concluyó Hernández.
Con la mirada puesta en 2025, Colombia enfrenta un desafío monumental: garantizar que la lucha contra la corrupción sea una prioridad real y efectiva para lograr cambios sustanciales en la administración pública.
