El pasado 14 de julio, Colombia y Venezuela firmaron un Memorando de Entendimiento para la creación de una Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional en la frontera, cuyo documento completo se conoció este viernes 25 de julio.
El acuerdo fue firmado por Coromoto Godoy, ministra de Comercio Exterior de Venezuela; Diana Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia; y Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana.
“Reconociendo la importancia de profundizar la integración económica bilateral, promover el comercio justo y equilibrado, y fortalecer los lazos históricos de cooperación entre ambos países acuerdan suscribir el presente Memorándum de Entendimiento”, se lee en el documento.
El texto incluye la coordinación de temas de cultura, educación, salud, comercio y turismo, así como la posibilidad de crear otras zonas binacionales para ampliar la cooperación. Entre los mecanismos definidos se encuentran la designación de puntos focales nacionales, creación de un equipo de trabajo bilateral, reuniones periódicas y alternancia, y respeto a los marcos legales de cada país.
En total, el acuerdo contiene 11 artículos que establecen compromisos de trabajo conjunto en actividades propias de la frontera, con el objetivo de fortalecer la cooperación y la seguridad.
Sin embargo, el memorando ha generado críticas y una demanda ante el Consejo de Estado por parte de los abogados Abelardo de la Espriella (también candidato presidencial) y Germán Calderón, quienes aseguran que la firma de este acuerdo excede las competencias de la ministra de Comercio, pues se trataría de un tratado internacional que requiere la aprobación del Congreso de la República.
Los demandantes argumentan que este tipo de decisiones comprometen aspectos sensibles de la soberanía nacional y la seguridad territorial, por lo que insisten en que es el presidente de la República quien debe suscribir estos acuerdos internacionales, para luego ser aprobados o improbar por el Congreso.
La discusión ahora se traslada al escenario jurídico, mientras se espera la respuesta de la Cancillería y del Ministerio de Comercio de Colombia, que ha defendido el memorando como un instrumento de integración económica y no como un tratado internacional, en el marco de la normalización de relaciones con Venezuela impulsada por el presidente Gustavo Petro.
