Un billón de pesos tendría que pagar el Gobierno Nacional por el congelamiento de las tarifas de peajes, así lo advirtió la Contraloría General de la República esto debido a la expedición del decreto 050 de 2023, por ello el ente de control fiscal conmina al Ministerio de Transporte, a la ANI y a los concesionarios viales para que implementen acciones y cumplan con lo pactado en los contratos de concesión.
La consecuencia de la expedición del decretó desencadenó en menor recaudo de peajes a cargo de la ANI y, por tanto, esta entidad quedó obligada a realizar la debida y oportuna compensación a los 38 concesionarios viales afectados por no recibir los ingresos correspondientes al incremento anual de los peajes.
Hay un riesgo latente como es el de paralizar once contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor, dado que no tienen desembolso de recursos públicos y la recuperación de la inversión, depende exclusivamente del recaudo de las tarifas de peaje que pagan quienes usan la infraestructura vial.
La Contraloría General fue enfática al señalar que la afectación económica es onerosa alcanzando valor cercano a los $610.000 millones y que, de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante del +4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones, para un total de $1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación.
Es preocupante la situación puesto que existe la posibilidad de un incremento sustancial de acuerdo a las posibles decisiones que adopten los cuatro (4) tribunales arbitrales ya iniciados por los concesionarios viales de Iniciativa Privada y de los que pudieran estar próximos a ser presentados.
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, también se refirió al contrato del proyecto de restauración del Canal del Dique, por valor de $4,43 billones. La construcción de obras debería iniciar el próximo 2 de diciembre de 2024, pero la Contraloría General considera altamente improbable el cumplimiento de esta fecha e indica, además, que es muy probable que tenga retrasos significativos en su inicio y terminación, y mayores costos, respecto de lo inicialmente previsto.
Para el Contralor General es motivo de gran preocupación que luego de firmado este contrato, hayan surgido 7 Consultas Previas adicionales; que la Anla, pese a concepto inicial en contrario, haya exigido ahora el trámite de una Licencia Ambiental para todo el proyecto y que la JEP, haya hecho obligatoria la implementación de un Protocolo de sondeo y recuperación de víctimas a lo largo del Canal del Dique.
Otro contrato que se afectaría por no iniciar obras y corre el riesgo de terminación anticipada es la concesión de Autopistas de Caribe (Corredor de Carga Barranquilla-Cartagena), por valor total $ 6,75 billones, la Contraloría General indica que este contrato de concesión vial de Iniciativa Privada ha debido pasar a la etapa de construcción desde abril de 2023. Puesto que se han incumplido con los pazos establecidos y se aduce que es por la dificultades con el funcionamiento de dos (2) de las siete (7) Estaciones de peaje previstas: Turbaco (existente) y Arroyo de Piedra (nueva). Lo anterior ha generado la activación de riesgos tarifarios con cargo a la Nación, debido a la oposición de las Comunidades de Turbaco y Luruaco a pagar las tarifas diferenciales de peaje donde se tomó la medida de suspender temporalmente para los vehículos d categoría 1 y 2 conllevando a posponer la construcción de la caseta de peaje en Arroyo de Piedra.
Como se puede observar estos incumplimientos han generado compensaciones al concesionario cercanas a $ 153.000 millones y preocupa mucho a la Contraloría General que, de no lograrse un buen acuerdo entre la ANI, el Concesionario y las Comunidades, en febrero de 2025 el contrato de concesión ya habría agotado sus recursos para el pago de compensaciones y, en consecuencia, podría entrar en causal de liquidación anticipada, obligando a un cuantioso pago adicional al concesionario de hasta $400.000 millones, también sin haberse construido las obras previstas.
