El reporte de la Fundación Paz y Reconciliación así lo indica.
A tres días de los comicios legislativos, se conoció que la campaña electoral en Colombia, ha dejado, en un año, 188 víctimas de violencia política, de las cuales la mayoría han sufrido amenazas y 22 personas han sido asesinadas, según el último reporte de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicado este jueves.
El dato arrojado por la Fundación Paz y Reconciliación, desde el 13 de marzo de 2021, justo al comienzo del año electoral, Pares registró 144 hechos de violencia, en los que estuvieron implicadas 188 víctimas, aunque algunas de ellas sufrieron violencia en varios meses.
La mayoría de los hechos se produjeron en febrero de 2021 y en septiembre del año pasado, y fueron, sobre todo, amenazas (166), aunque 22 personas han sido asesinadas.
Durante febrero, Pares destaca algunos hechos “especialmente graves” como los ataques dirigidos a los candidatos a las llamadas curules de paz (16 escaños de la Cámara de Representantes que serán ocupados por víctimas del conflicto armado y elegidos en las zonas rurales más afectadas).
Las víctimas de esas agresiones fueron los candidatos en el Catatumbo (noreste) Mayra Gaona, el 15 de febrero, y Yoad Ernesto Pérez, el 2 de marzo.
La Fundación también destaca el atentado contra el periodista de investigación de La Nueva Prensa Julián Martínez el pasado 23 de febrero en Bogotá.
Igualmente señaló el asesinato del activista del uribista y gobernante Centro Democrático José Mauricio Sepúlveda, el 3 de marzo en Norte de Santander. Él era un joven de 27 años que participaba en varias campañas para las elecciones y había denunciado la corrupción e irregularidades municipales.
Cuatro de cada diez víctimas han sido funcionarios públicos de elección popular, sobre todo concejales (23), alcaldes (16), diputados (14) y senadores (13), aunque también sufrieron violencia los miembros de partidos políticos, candidatos a la Cámara de Representantes, periodistas y candidatos al Senado.
Respecto al signo político, el 31 % de las víctimas hacían parte de coaliciones de gobierno a nivel local, que en general “coincide con partidos alternativos que, luego del cambio político en muchos municipios donde llegaron a gobernar, empiezan a ser amenazados por la violencia”, apuntó Pares en su Quinto Informe de Violencia y Dinámica Electoral.
En cuanto a los perpetradores, en la mayoría de casos, lamenta Pares, no ha sido posible esclarecer quién está detrás de los hechos, ya que en el 70 % de los casos se desconoce.
De los que se conoce, 14 hechos se atribuyen a disidencias de las FARC, 9 a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo y el resto a otros grupos paramilitares similares como Los Caparros y las Águilaa Negras, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
