La Corte Constitucional declaró esta noche inconstitucional el decreto ley 568 de 2020 sobre la creación del impuesto solidario por el COVID19, sobre salarios o contratos de prestación de servicios de 10 millones o más, a cargo de los servidores públicos y contratistas del Estado.
El alto tribunal dispuso en su sentencia, que los dineros que se han pagado del tributo se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, pagaderos en el 2021.
