La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP convocó una audiencia reservada para indagar sobre las circunstancias en las que perdieron la vida 35 firmantes del Acuerdo de Paz, asesinados tras la activación de la ruta de protección ante la Unidad Nacional de Protección, UNP.
A la fecha, de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos de la JEP, han sido asesinados 323 excombatientes entre 2017 y 2022. De ellos, 313 hombres y mujeres dejaron las armas en 2016 con el Acuerdo de Paz y 301 eran comparecientes ante la Justicia Transicional.
Durante la diligencia, que se realizará este 15 de febrero, la JEP evaluará el estado y las circunstancias en las que perdieron la vida los 35 excombatientes de las Farc-EP que habían entrado en la ruta de protección que activaba la UNP.
También solicitó realizar y presentar un diagnóstico sobre los asesinatos de los 35 excombatientes que fueron asesinados cuando ya existía una alerta. Esto, con un enfoque étnico, territorial y de género, de cara a la prevención de nuevos crímenes.
En la audiencia del pasado 18 de noviembre, la JEP le ordenó a la UNP garantizar la sostenibilidad de las medidas de protección individual y colectiva que se aprueben, además de resolver 101 solicitudes que estaban pendientes por tramitar.
A esta audiencia fueron convocadas, entre otras instituciones, la UNP y la
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, para que amplíen la información y aclaren:
1-¿Cómo se activó la ruta de protección que solicitaron los excombatientes.
2-Si existe una posible relación con los hechos de violencia y
-3- La efectividad de la ruta de protección en estos casos.
La JEP indicó que la información que recoja la Sección durante la diligencia «contribuirá a establecer una relación con los hallazgos que hoy arrojan las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones de la Fiscalía».
En la audiencia del pasado 18 de noviembre, la JEP le ordenó a la UNP garantizar la sostenibilidad de las medidas de protección individual y colectiva que se aprueben, además de resolver 101 solicitudes que estaban pendientes por tramitar.
También solicitó realizar y presentar un diagnóstico sobre los asesinatos de los 35 excombatientes que fueron asesinados cuando ya existía una alerta. Esto, con un enfoque étnico, territorial y de género, de cara a la prevención de nuevos crímenes.
