La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, y a otros tres funcionarios de la administración municipal, por presuntas irregularidades en la firma de cinco contratos para atender la emergencia generada por el covid-19.
Los otros servidores citados a audiencia pública son el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera, y los secretarios de Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez, y de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez, respectivamente.
Los contratos firmados tenían como objetivo la elaboración de una campaña para la prevención del covid-19, por $438 millones, y la atención integral a habitantes de la calle, por $425 millones.
Los otros consistían en la compra de 4.500 mercados destinados a adultos mayores, por $2.389 millones; la adquisición de alimentos para el Programa de Alimentación Escolar – PAE –, por $5.250 millones, y la interventoría de esta última actividad, por $300 millones.
Al parecer se presentaron presuntos sobrecostos en la campaña para prevenir el contagio del virus y en la compra de los mercados para la atención de los adultos mayores.
Igualmente, se investigan posibles irregularidades en la planeación para brindar atención integral a los habitantes de la calle, pues se habría firmado antes de que se radicaran los estudios previos, y el contratista seleccionado no cumpliría los requisitos de capacidad y experiencia requeridos.
Además, los seleccionados para comprar los productos del PAE y realizar la respectiva auditoría aparentemente no cumplían con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutar esas actividades, y al parecer el representante legal de la empresa interventora era a la vez miembro principal de la Junta Directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos.
Por esos hechos, el Ministerio Público citó a audiencia pública al alcalde Muñoz Calderón por su presunta responsabilidad en cuatro cargos disciplinarios, el primero de ellos calificado como falta gravísima cometida a título de culpa grave, y los restantes como faltas gravísimas a título de culpa gravísima.
Los otros tres funcionarios de la administración fueron citados por su aparente responsabilidad en un cargo disciplinario calificado como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La audiencia se realizará de manera virtual el próximo 14 de noviembre a las 10 am.
