La magnitud de las afectaciones producto del conflicto armado en los territorios y comunidades étnicas en el país ha sido tal, que podrían considerarse como patrón macrocriminal por la JEP, de acuerdo con el análisis realizado en el panel sobre territorio y población del cuarto congreso de justicia transicional de organizado por la Procuraduría.
Durante el conversatorio, los representantes de las comunidades Consejo comunitario de los Ríos La Larga y Turmaradó, Cocolatú, y de la comunidad indígena Embera en el Urabá antioqueño, relataron cómo la confrontación armada ha vulnerado y continúa afectando sus comunidades y territorios, cambiando de manera drástica sus usos, costumbres y poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria, la espiritualidad colectiva y su subsistencia como culturas.
Por su parte, el consultor socioambiental, Larry Medina, aseguró que no ha sido posible que los sistemas de justicia del país garanticen a las víctimas la no repetición de hechos de violencia contra ellos y sus territorios y resaltó la importancia de promover el enfoque territorial en los procesos que adelanta la JEP para lograr que los trabajos y obras reparadores, TOAR, que se impongan a los comparecientes del sistema de justicia, incluyan al territorio como parte fundamental de los procesos de reparación y no repetición.
Finalmente, el procurador delegado ante la JEP, Alonso Pio Fernández Angarita, quien moderó el panel, aseguró que la Procuraduría continuará trabajando en los territorios, junto con las comunidades, para garantizar que tenga en cuenta la visión y las necesidades de ellas y sus territorios en las decisiones que adopte la JEP frente a los máximos responsables de los diferentes procesos en curso.
