La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado respondió con firmeza a la solicitud del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien había pedido pruebas relacionadas con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para analizarlas en el marco del estudio de la reforma pensional.
En una carta enviada a la Corte, la Agencia advirtió que el alto tribunal “no tiene competencia para solicitar pruebas” dentro de este tipo de procesos constitucionales, marcando un precedente en la disputa institucional por los límites de la actuación judicial.
El plazo para que entidades como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación entregaran esa información vencía este miércoles 14 de mayo, según la solicitud inicial del magistrado Ibáñez.
Este cruce de comunicaciones se da en medio del debate sobre la constitucionalidad de la reforma pensional aprobada recientemente, en el que el contexto político y los casos de corrupción comienzan a ganar protagonismo en la discusión jurídica.
