El más reciente informe trimestral del Observatorio de Paz y Derechos Humanos de la Corporación Compromiso revela un preocupante incremento en laviolencia política y los feminicidios en Santander durante el segundo trimestre de 2024. Las cifras presentadas indican un escenario alarmante en varias regiones del departamento, con un aumento notable en los casos de violencia que afecta gravemente la seguridad y los derechos humanos.
Según el informe, se documentaron 43 casos de violencia política entre abril y junio de este año, lo que representa un aumento del 186 % en comparación con el mismo período en 2023, cuando se registraron 15 casos.
Del total de los casos, 29 corresponden a violaciones de derechos humanos, y el 86 % de estos hechos se concentraron en la provincia de Yariguíes. El Clan del Golfo, junto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc, son señalados como los principales actores detrás de estos hechos.
El informe también establece 56 casos de violencia económico-social, una cifra que se mantiene estable en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, los atentados sicariales registran un aumento del 72 %, con 50 casos reportados, de los cuales 25 ocurrieron en Barrancabermeja, 15 en Bucaramanga, 8 en Floridablanca, 1 en Lebrija y 1 en Puerto Wilches.
En cuanto a feminicidios, hay un registro de seis casos entre abril y junio de 2024. Estos trágicos hechos incluyen el asesinato de una menor de ocho años en Girón, cuyo agresor fue un vecino del barrio.
En relación con la situación de líderes y lideresas sociales, así como de personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Santander, en el segundo trimestre de 2024 se registraron 34 agresiones, de las cuales 30 fueron amenazas, dos sicariatos, un asesinato de un familiar de un líder y un atentado contra un líder comunitario.
De las 34 agresiones contra líderes, 32 ocurrieron en la provincia de Yariguíes, una en la provincia de Vélez y otra en Guanentá. “En la provincia de Vélez se presentó la incursión de sujetos armados que amedrentaron y amenazaron a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) en su sede en Landázuri. Y en la provincia de Guanentá, en San Gil, se presentó un caso relacionado con una agresión con un objeto contundente y una amenaza contra un líder comunitario”, dice el informe.
El informe del Observatorio de Paz y Derechos Humanos es un llamado a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y efectivas para frenar esta ola de violencia en Santander.
