Insta al Gobierno Nacional a que se revisen y apliquen bien los criterios y alcances definidos en la Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Luego de revisar los 18 decretos emitidos por el Gobierno Nacional en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica establecida en el Decreto 0150 de 2026, la Contraloría General de la República considera necesario instar al Gobierno Nacional para que se revisen y apliquen bien los criterios y alcances definidos en la Ley 1523 de 2012, que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), cuya coordinación y apoyo técnico están a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Dado que por decisión del Gobierno Nacional se han decretado nuevos impuestos con los que se aspira a recaudar hasta $8,68 billones, considera la Contraloría que el Gobierno Nacional tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo para la atención de las afectaciones ocasionadas por la emergencia invernal sucedida en los ocho departamentos que se incluyen en el Decreto 0150 de 2026.
Para ello, la CGR resalta la importancia de fortalecer prontamente la capacidad operativa de la DIAN y los mecanismos de control para el debido recaudo del impuesto al patrimonio y del impuesto aplicable a los juegos de suerte y azar operados por internet.
La Contraloría General hace notar que el debido traslado, destinación y uso de los recursos recaudados en el marco de esta emergencia, producto de la aplicación de lo establecido en el Decreto 0241 de 2026, deberá ser coordinado por la UNGRD y se fundamentará en los Planes de Acción Específica (PAE) que deberán diseñar e implementar ésta, los ministerios, las gobernaciones y las alcaldías que vayan a ser receptoras de recursos, cumpliendo los lineamientos de la Ley 1523 de 2012. Entiende la CGR que el Gobierno Nacional aportará a los ocho (8) Departamentos y Municipios en emergencia, los recursos que estos requieran y que hayan incluido, con su debida justificación, en sus PAE y considerando lo efectivamente certificado en el Registro Único de Damnificados (RUD).
En atención a que en algunos de los decretos emitidos se ordena la reorientación de recursos, la Contraloría hace notar que se podrían generar impactos en la financiación, ejecución y continuidad de programas y proyectos en curso, por lo que insta al Gobierno Nacional a que dicha reorientación se realice con el debido rigor jurídico y técnico, estableciendo desde ya la forma y oportunidad en que serán reembolsados dichos recursos, a medida que se van recaudando los provenientes de los nuevos impuestos.
En lo que se refiere al traslado excepcional a la UNGRD, de recursos provenientes de fondos de entidades del sector eléctrico, con el propósito de financiar la recuperación de infraestructura eléctrica y el restablecimiento del servicio de energía en zonas afectadas por la emergencia, la Contraloría General invita al Gobierno Nacional para que se revise esta decisión, toda vez que la UNGRD no tiene la experticia ni estructura organizacional para gestionar el diseño, ejecución e interventoría de obras de esta especificidad y complejidad.
Considera la Contraloría General que de nada sirve ampliar facultades de contratación y/o de gestión contractual, reorientar recursos y/o crear nuevos impuestos para adicionar cuantiosos recursos al Presupuesto General de la Nación, si antes las entidades responsables de su ejecución, los ministerios, INVÍAS y la propia UNGRD, no mejoran sustancialmente su gestión y su capacidad de realizar pronta y adecuadamente las inversiones.
En atención a lo dispuesto en el Decreto 0177 de 2026 sobre temas ambientales, la Contraloría General considera necesario alertar sobre el riesgo que implicaría que se adopten decisiones unilaterales que modifiquen, sin el debido rigor técnico, la regla de operación de los embalses de las hidroeléctricas, puesto que ello podría generar afectaciones y/o incumplimientos de los contratos de compraventa de energía, además de impactos nocivos a la porción tarifaria por capacidad de generación y cargo por confiabilidad, así como generar inseguridad jurídica y pérdida de confianza inversionista en tan estratégico sector de la economía.
La Contraloría hace un llamado a fortalecer los mecanismos de focalización, verificación y depuración de la información en la asignación de apoyos extraordinarios previstos en el Decreto 0245 de 2026, con el fin de prevenir riesgos de errores en la identificación de beneficiarios, duplicidades en las transferencias e inconsistencias en los registros de hogares afectados.
Para efectos de diseñar e implementar el plan de vigilancia y control fiscal del recaudo, destinación y uso de los recursos de esta Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Contraloría solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la UNGRD y a los demás Ministerios de los sectores involucrados, los soportes que explican satisfactoriamente la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones y la forma en que se decidió distribuirlos entre la UNGRD y los demás ministerios de los sectores afectados.
La Contraloría reitera su alerta de que el país está en mora de aplicar bien todos los mecanismos de prevención y atención de desastres que están incluidos en la Ley 1523 de 2012, partiendo de la premisa indispensable de que se debe trabajar pronta y activamente en la gestión del riesgo, la cual se compone de tres pilares fundamentales e interdependientes: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de los desastres.
Finalmente, la Contraloría continuará ejerciendo sus funciones de vigilancia y control fiscal de manera preventiva y concomitante, con el propósito de salvaguardar el patrimonio público y asegurar que los recursos destinados a la atención de la emergencia cumplan efectivamente con los fines para los cuales fueron previstos.
*Con información de la Contraloría General de la República
