La familia de Yenni Salazar Zabaleta, expersonera del municipio de Tamalameque, vive momentos de angustia e incertidumbre tras cumplirse tres meses de su secuestro por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que ahora exige $15.000 millones para su liberación.
Salazar fue plagiada el pasado febrero mientras se desplazaba en una camioneta por el tramo La Vega-Zapatosa, en la vía que comunica a Chimichagua con Pailitas. En ese mismo hecho fueron secuestrados el ingeniero agrónomo Andrés Urieta y José Antonio Ardila, quienes posteriormente fueron liberados en el municipio de Pelaya.
Juan Carlos Salazar, hermano de la víctima y gerente del Hospital de Tamalameque, manifestó que la familia ha vivido un calvario de incertidumbre y dolor. Señaló que a través de gestiones con organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica, lograron obtener una prueba de supervivencia en video, que solo pudo ver la madre de Yenni.
“Es una situación muy difícil. El monto que exigen es descomunal, imposible de reunir, incluso si todo el pueblo se uniera. Estamos pidiendo urgentemente la intervención del Estado colombiano y de quienes están en la mesa de paz con este grupo armado”, expresó Salazar.
La comunidad de Tamalameque ha realizado velatones y jornadas de oración clamando por la pronta liberación de la joven abogada, quien actualmente se dedicaba a labores agrícolas, específicamente al cultivo y comercialización de palma.
“Le decimos a Yenni que no está sola. Su familia y su pueblo la esperan con el corazón en la mano, y seguiremos tocando todas las puertas hasta tenerla de regreso”, concluyó su hermano.
El secuestro ha reavivado las preocupaciones en el país sobre el actuar del ELN en medio del proceso de paz con el Gobierno Nacional. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos insisten en que este tipo de crímenes son inadmisibles y exigen acciones urgentes.
