El Defensor del Pueblo de Colombia y Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), Carlos Camargo Assis, expresa su preocupación por la orden ejecutiva emitida por el Gobierno de Estados Unidos, cuya finalidad es restringir la entrada y el asilo de migrantes indocumentados a ese país norteamericano.
“Como Presidente de la FIO, la cual reúne a más de 75 defensores del Pueblo de 20 países, quiero llamar la atención de la comunidad internacional, dado que lo comunicado por la Casa Blanca podría afectar el derecho a la libre locomoción de un número considerable de personas en condición de movilidad humana que buscan salvaguardar su vida e integridad y la alternativa de tener mejores condiciones”, asegura Carlos Camargo Assis.
Lo ordenado por el jefe de Estado, Joe Biden, da cuenta de medidas temporales que impedirían a los migrantes en tránsito irregular recibir asilo cuando las autoridades de Estados Unidos consideren que su frontera sur está ‘desbordada’ de quienes pretenden ingresar a suelo de esa nación.
“Las nuevas medidas acentuarían el riesgo y las vulneraciones de derechos fundamentales, motivo por el cual hago un llamado a que el Gobierno de los Estados Unidos evalúe con detenimiento el contenido de las medidas anunciadas. De entrar en vigor, afectarían a la población migrante”, llama el Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson.
Entre el 1 de enero y el 15 de mayo del 2024, de acuerdo con Migración Colombia, cruzaron por la selva del Darién, para llegar a Norteamérica, alrededor de 176.000 migrantes con necesidad de protección internacional. Los venezolanos siguen siendo los que más se arriesgan a tan peligrosa travesía (118.400 personas), luego están los ecuatorianos (15.100), haitianos (13.800), colombianos (9700), chinos (9400), entre otros migrantes de variadas nacionalidades.
“Los gobiernos de los países de origen, de tránsito y de acogida de migrantes deben recordar la importancia de que la migración es un derecho que se debe desarrollar de manera regular, ordenada y segura y en condiciones de dignidad humana”, remarcó el Defensor del Pueblo de Colombia.
