Fue escuchado el sector y los gremios y con ayuda del Gobierno Nacional, el ministro de defensa logró el propósito de aprobar el proyecto de ley de “Seguridad Ciudadana” y entre las novedades, las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada, en vigencia de esta ley podrán custodiar centros de reclusión.
Cabe destacar que en un término de un mes, el Congreso de la República tramitó el proyecto de ley de seguridad ciudadana, aprobado este martes y que avanza en la realización de la conciliación entre los textos aprobados tanto en la Cámara como en el Senado.
Una vez haya superado este paso, el proyecto irá a sanción presidencial.
Para el Gobierno Nacional, la finalidad de la iniciativa es ocuparse del tema de los reincidentes, endurecer castigos para delitos que afectan a los ciudadanos y adoptar otras disposiciones que apuntan a reforzar la seguridad en el país.
Algunos de los puntos aprobados son la ampliación de la legítima defensa en propiedad privada, excluyendo los establecimientos comerciales y eliminando la expresión de “superación de barreras de la propiedad; se castiga la reincidencia, el porte de armas blancas entra como nuevo delito en el Código Penal y se establecen las más altas penas por agresiones y asesinato de miembros de la Fuerza Pública, periodistas y líderes sociales, entre otras disposiciones.“
Para ello hay modificaciones al Código Penal, al de Procedimiento Penal, al de Convivencia y a las normas para la extinción de dominio, especialmente.
En el último mes, la iniciativa cumplió su paso por las comisiones primeras conjuntas y por la plenaria de la Cámara. Este martes se debatió y votó en el pleno del Senado. Además, será conciliada, para luego pasar a sanción presidencial.
Mientras el Ejecutivo defiende la importancia de los cambios, sectores de la oposición los han calificado como una amenaza para el derecho a la protesta. Estos son algunos de los elementos claves del proyecto.
Para evitar que las autoridades capturen a los delincuentes y los jueces, posteriormente, no tengan herramientas para retenerlos en prisión, el proyecto prevé la figura del “peligro para la comunidad”. Esta consiste en que el juez deberá tener en cuenta, antes de dejarlo en libertad, “si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años”.
La propuesta deberá, en caso de ser finalmente aprobada por el Congreso, superar el escollo de la Corte Constitucional, donde hace dos años se hundió una iniciativa similar aprobada a instancias de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. En ese momento la Corte consideró, no sin polémicas, que los antecedentes solo podían considerarse como tales si mediaba una condena judicial con todas las de la ley.
Herramientas para proteger la propiedad privada
Otro de los debates en el trámite de esta norma fue en el artículo que habla de la llamada “legítima defensa privilegiada”, la cual habla de ausencia de responsabilidad penal cuando se esté protegiendo la propiedad privada.
En este sentido, se aprobó que esta se aplicará cuando haya un ingreso violento al lugar de habitación o a vehículos privados.
Aumento de penas en delitos callejeros
En varios artículos de la iniciativa se crean sanciones y se aumentan castigos para quienes hayan cometido delitos como hurto o instigación a delinquir, y se endurecen las penas cuando, por ejemplo, “se empleen máscaras o elementos similares” o cuando las faltas sean cometidas con armas blancas.
El castigo por el uso de máscaras o capuchas ha sido considerado por dirigentes como el senador Iván Cepeda como una medida de corte fascista que “criminaliza la protesta social”.
Cepeda ya anunció que demandará la norma ante la Corte Constitucional y afirma también que la creación de la figura de la “legítima defensa privilegiada”, que exoneraría de responsabilidad penal al ciudadano que ejerza violencia en defensa propia o de un tercero en alto riesgo, representa supuestamente una puerta para la justicia por propia mano e incluso para el resurgir del paramilitarismo.
Otro cambio que ha generado debate es el aumento de penas, a través de figura del agravante punitivo, cuando las víctimas de agresiones o ataques son miembros de la Fuerza Pública. La oposición ha cuestionado que tenga mayor castigo el asesinato de un policía, por ejemplo, que el de un defensor de derechos humanos o un líder social.
Una de las disposiciones que se aprobó en la Cámara de Representantes fue el artículo 62, el cual habilita a las entidades territoriales para “celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada” en algunas cárceles de sus territorios.
Congresistas opositores manifestaron que esto podría traducirse en la “privatización” de las prisiones y propusieron eliminar la norma, pero fueron derrotados. Se trata de un cambio que ha generado debate, pero que se aplica con éxito en otros países, como los Estados Unidos. Como la medida se aplicaría solo a cárceles de las entidades territoriales, no del orden nacional, no supone, de entrada, una amenaza a la continuidad de la polémica autoridad carcelaria del país, el Inpec.
Creación de una instancia para los delitos informáticos
Una de las novedades de este proyecto de seguridad ciudadana es la creación de la Dirección Nacional de Delitos Informáticos en la Fiscalía General, el cual busca combatir este tipo de faltas, las cuales se han multiplicado en los últimos meses debido al aumento del uso de internet entre varios ciudadanos. Estas disposiciones también fueron protestadas por la oposición con el argumento de que se ampliaría la planta de personal del ente investigador.
Regulación para armas y dispositivos menos letales
Otro punto importante de la iniciativa es la regulación de armas, “dispositivos menos letales” y municiones. Para ello, se refuerza el registro que haya de este tipo de elementos, se imponen limitaciones para su adquisición y se regulan los permisos que dan las autoridades para el porte.
