La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó ante la Corte Constitucional una solicitud de suspensión provisional del Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país.
La petición busca que se detengan de manera inmediata los efectos del decreto, mientras el alto tribunal adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad, dentro del control automático que se aplica a este tipo de medidas excepcionales.
La intervención de Asocapitales se suma a una acción similar presentada previamente por el Distrito de Medellín y centra su argumentación en el cumplimiento de los requisitos del artículo 215 de la Constitución, que regula la declaratoria de los estados de excepción.
Dudas sobre las razones de la emergencia
En su escrito, Asocapitales sostiene que los hechos invocados por el Gobierno no cumplen con los criterios de sobreviniencia, imprevisibilidad ni gravedad exigidos por la Constitución. Entre los argumentos oficiales cuestionados se encuentran obligaciones judiciales en salud, pago de sentencias, subsidios a servicios públicos, seguridad ciudadana, efectos de la ola invernal y la falta de aprobación de proyectos de ley de financiamiento.
Según la asociación, se trata de problemas estructurales y permanentes del Estado, previsibles y susceptibles de atención mediante los mecanismos ordinarios de planeación, gestión administrativa y presupuesto público, por lo que no justificarían una medida excepcional.
En ese sentido, advirtió que el uso reiterado de la figura de emergencia para atender asuntos estructurales desnaturaliza su carácter excepcional y podría convertirla en un instrumento ordinario de gestión fiscal, en contravía de los límites fijados por la Constitución de 1991.
Riesgos institucionales y para las regiones
Asocapitales también alertó sobre los posibles impactos institucionales, jurídicos y fiscales de mantener vigentes los efectos del decreto, especialmente si se expiden decretos legislativos que alteren el equilibrio entre las ramas del poder público.
Asimismo, expresó preocupación por una eventual afectación de la autonomía fiscal y administrativa de los municipios y distritos capitales, al considerar que las medidas adoptadas bajo la emergencia podrían comprometer competencias propias de las entidades territoriales.
La asociación recordó que la Corte Constitucional ha señalado que la suspensión provisional procede cuando una norma sometida a control constitucional resulta incompatible con la Carta Política y genera efectos potencialmente irreparables, condición que —según argumenta— se cumpliría en este caso.
Solicitud amplia a la Corte
En su petición, Asocapitales solicitó suspender no solo los efectos del Decreto 1390 de 2025, sino también los del Decreto 1474 del mismo año, que adoptó medidas tributarias con base en la declaratoria de emergencia, así como cualquier otro decreto legislativo que se expida bajo ese mismo marco excepcional.
Finalmente, la asociación anunció que hará seguimiento permanente al trámite constitucional, en su calidad de vocero técnico y jurídico de las ciudades capitales, y reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional, la separación de poderes y la sostenibilidad fiscal de los entes territoriales.
