Un proyecto de ley se viene preparando en la Superintendencia de Transporte que busca dejar sin operación las plataformas que hoy intermedian servicios de transporte en Colombia, como Uber, DiDi e InDriver.
La superintendencia de transporte estructura una nueva propuesta con respecto a las plataformas con el cual espera poner punto final a la guerra entre taxistas y aplicaciones que lleva más de una década.
Por su lado, el gerente de Alianza In José Daniel López contrapuntea justificando a su gremio de transporte ilegal con el argumento del tema social olvidando la normatividad vigente y que el problema en sí no son las plataformas como tal, sino el uso de carros particulares para ofrecer esos tipos de servicios de manera irresponsable y desleal.
El director de Alianza In, expresó la voluntad que tiene el gremio de participar en la construcción de reglas de juego claras que protejan el trabajo de más de 100.000 personas, concreten la libertad de elegir de los ciudadanos, promuevan la movilidad sostenible y dinamice la economía digital.
“Coincidimos en la importancia de un régimen administrativo sancionatorio sobre los servicios de movilidad que se prestan a través de las plataformas digitales, pero esto solo es concebible en el marco de una reglamentación amplia y suficiente de esta nueva realidad social y económica”, afirmó López.
El ministro de Transporte Guillermo Reyes ha expresado en los medios de comunicación el compromiso del gobierno del Presidente Gustavo Petro de solucionar la falta de reglamentación de las plataformas digitales de movilidad, pero las medidas contempladas por este borrador de proyecto de ley apuntan justamente en sentido contrario.
Alianza In sostiene que ha presentado propuestas y ejemplos internacionales que pueden contribuir en la tarea de la reglamentación.
“Debemos reiterar que la prohibición y persecución de esta actividad económica es el peor camino posible”, concluyó el gremio.
Un bloqueo como el que propone la Supertransporte afectaría también a más de 230.000 taxistas que usan estas plataformas.
El documento señala que estas “atentan de manera directa contra la eficiente prestación del servicio de transporte público esencial y configuran una competencia desleal”.
Y agrega que afectan “la sostenibilidad de la industria del transporte público, amenazando la continuidad y regularidad del servicio básico”.
Lo anterior llevó a la SuperTransporte, dirigida por Ayda Lucy Ospina, a incluir artículos que harían inviable la operación de plataformas tipo Uber, DiDi e InDriver en Colombia.
Para hacerlo más contundente, la SuperTransporte también prevé multas de entre $21,2 millones para cada uno de los operadores, administradores y agentes de la plataforma.
Al tiempo, dejaría a más de 100.000 personas sin fuente de ingresos, según calcula el centro de estudios Fedesarrollo .
Como si esto no fuera poco, el proyecto también prevé sanciones para los millones de usuarios que usan las aplicaciones de movilidad.
Quienes contraten servicios en las plataformas tipo Uber serían multados con 250 UVT, es decir, $10,6 millones, según el proyecto.
“La sanción será impuesta por cada vehículo usado en los servicios contratados”, señala el proyecto, con lo cual el valor a pagar por persona sería millonario si usa constantemente dichos servicios.
