Pese a una orden judicial clara y de obligatorio cumplimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores no habría acatado el fallo de tutela que ordena la protección inmediata del cónsul de Colombia en Bilbao, Edgar Alberto Rojas, cuyos derechos fundamentales fueron amparados por un juez de la República.
De acuerdo con la decisión judicial, la Cancillería debía adoptar medidas concretas de protección en un plazo máximo de 48 horas, tras considerar acreditada la existencia de una situación que vulnera los derechos fundamentales del funcionario diplomático. Sin embargo, vencido el término fijado por el despacho judicial, las órdenes no se habrían materializado.
El alcance del fallo
El juez concluyó que existía una omisión por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores frente a su deber de garantizar condiciones de seguridad, integridad personal y protección laboral al cónsul, quien habría advertido sobre riesgos y situaciones que afectaban su desempeño y bienestar en el ejercicio de sus funciones en España.
En el fallo se ordenó a la Cancillería implementar acciones inmediatas y eficaces, sin dilaciones administrativas, al considerar que la protección de un funcionario del servicio exterior no admite trámites prolongados cuando están en juego derechos fundamentales.
Incumplimiento y posibles consecuencias
La falta de cumplimiento de una tutela puede acarrear sanciones disciplinarias y penales para los funcionarios responsables, incluyendo investigaciones por desacato. Juristas consultados advierten que el desconocimiento de una orden judicial constituye una grave vulneración al principio de legalidad y al respeto por la independencia judicial.
Hasta el momento, la Cancillería no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique las razones del incumplimiento ni ha informado sobre la adopción de las medidas ordenadas por el juez.
Llamado al respeto por las decisiones judiciales
El caso ha generado inquietud en sectores diplomáticos y jurídicos, que alertan sobre el precedente que puede sentarse si una entidad del Gobierno desatiende un fallo de tutela, mecanismo constitucional diseñado para la protección inmediata de los derechos fundamentales.
Mientras tanto, Edgar Alberto Rojas continúa a la espera de que se materialicen las acciones ordenadas por la justicia, en un contexto que vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad del Estado frente a la seguridad y protección de sus funcionarios en el exterior.
