Un contrato de casi $380 mil millones estaría viciado de irregularidades
Frente a las denuncian con relación a presuntas irregularidades en un contrato de casi $380 mil millones para seleccionar a los nuevos operadores del servicio de alimentación en las cárceles colombianas, se refirió Henry Anaya, presidente de la Red de Veedurías Bien Común.
Para Anaya, los participantes se estarían poniendo de acuerdo para repartirse las zonas de este millonario proceso en lo que podría ser un posible caso de violación a la libre competencia.
“Nunca en la historia en este contrato de alimentos en la Uspec se había dado anticipos” por ese monto, indicó. En este proceso “participan algunas empresas que ya venían, a las cuales le hemos hecho observaciones sobre la calidad de alimento en centros penitenciarios y estaciones de Policía, el Ministro de Justicia comprobó la mala calidad” de la comida en algunas estaciones en Bogotá. También contó que existen “presuntos actos que afectan la transparencia, como la presencia de los aseguradores y empresas de seguro”.
Además, Anaya manifestó que “las aseguradoras en el país ya están diciendo a quién le dan y a quién no le dan pólizas. Acaparan el 80% del proceso”. Del mismo modo reveló que al revisar a qué firmas atendieron y los respaldaron con las pólizas de cumplimiento, encontraron que hay información financiera que genera dudas, porque no es la misma que aparece en la Cámara de Comercio. “Algunos oferentes se presentaron casi que ha dedo, se presentaron grupos en donde casi que no hay competencia”, indicó Anaya.
“Son los dueños de los PAE regionales en algunos sectores. También empiezan a presentarse injerencias políticas de algunos departamentos por este proceso”, afirmó el veedor, añadiendo que estos departamentos son “Cundinamarca, Santander y Atlántico, hemos venido obteniendo como el camino de apoyo político de algunas de estas empresas”.
“Creo que vamos por un buen camino. Hay intereses en Cundinamarca y Santander. La última vez que generamos una discusión del Uspec, en 2018 o 2019, seis meses después de las discusiones técnicas capturaron a la directora. Me preocupa, en últimas, la calidad del servicio que están dando, es una porquería”, sostuvo. El Uspec “se ha hecho los de la vista gorda. Existen las solicitudes de revocatoria. Le decimos al director de Uspec, al del Inpec y al Ministro de Justicia que tomen cartas en el asunto, no permitan que se les dé porquería a los presos en el país”.
