En las últimas horas se revela los extraños movimientos del Gobierno Petro y congresistas oficialistas en el sector salud del departamento de Caquetá. Alertan de supuestas presiones y contrataciones para obtener beneficios políticos en la región.
La salud en Caquetá se habría convertido en un negocio para congresistas cercanos al Gobierno nacional. Hoy, la revista Semana revela escandalosas denuncias que advierten de millonarias transacciones, contrataciones y presiones para obtener supuestos beneficios políticos en la región. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas que estarían detrás del posible cartel.
La novela comenzó en diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Salud le desembolsó 89.000 millones de pesos al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia, el más importante de la zona, para la construcción de la segunda torre del centro médico. Según el gobernador Luis Francisco Ruiz, hubo presiones desde Bogotá para acomodar los pliegos de la contratación con base en los intereses del Ejecutivo.
Como prueba de esto, hay varios correos emitidos desde el ministerio en los que se instó a los funcionarios del hospital a reacomodar las exigencias del proyecto, aparentemente, para abrirle el paso a un privado que quería desarrollar la obra. Así lo narró uno de los profesionales que formó parte del proceso, con la condición de no revelar su identidad: “Estaban vulnerando la autonomía administrativa de las ESE. El interés eran los 89.000 millones. Nunca un ministerio había enviado oficios diciendo cómo debían establecerse los pliegos de una convocatoria”.
Ante la negativa y cuestionamientos, el Gobierno nacional le pidió a la gerencia del centro médico retornar la plata a la cartera de la nación, justificado en sospechas de corrupción. La entidad se apegó a la ley y se negó a devolver el dinero. En ese momento, apareció en escena la Superintendencia Nacional de Salud, bajo la administración de Luis Carlos Leal, y ordenó la intervención forzosa del hospital con aparentes falsas motivaciones, pleito que se está resolviendo en este momento en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La intervención fue anticipada en un correo anónimo que le llegó a la gerente del centro médico, Cindy Vargas, 24 horas antes de la notificación oficial: “Doctora Cindy, el día de mañana será retirada de su cargo por parte de la Superintendencia. Se posesionará el nuevo interventor, especial amigo de este Gobierno, por orden del ministro de Salud y la esposa”. Efectivamente, un día después, fue la esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Beatriz Consuegra, actuando en calidad de superintendente delegada para los prestadores de salud, quien ofició la intervención forzosa por un año.
La queja del gobernador de Caquetá es que la superintendencia se basó en posibles hechos falsos para tomar el hospital. En el acto administrativo de intervención se referenciaron 52 irregularidades relacionadas con la atención en urgencias y medicamentos vencidos. De igual manera, se justificó que la institución había incumplido reiteradamente con malos manejos hallados en 2022, pero ese año la superintendencia no realizó auditorías a los servicios. Ante los reclamos del departamento, la superintendencia modificó el documento dos meses después de la intervención y actualizó las motivaciones de la medida, lo que podría configurar una ilegalidad.
“Órdenes de congresistas”
Desde el 14 de agosto hasta el 18 de diciembre de 2024, el Hospital Departamental estuvo en manos del Gobierno nacional. Solo a finales del año pasado volvió a ser administrado por el departamento de manera provisional gracias a una acción judicial, donde se acogieron las presuntas falsas motivaciones de la intervención. Aunque todavía no se resuelve el problema: la Superintendencia Nacional de Salud defiende a capa y espada su decisión, mientras que la Gobernación le hace contrapeso.
Durante los cuatro meses de la intervención, se habrían presentado irregularidades en el manejo de la entidad. En primer lugar, el gobernador denunció que el interventor habría sido escogido a dedo, se multiplicaron las deudas y la caja llegó a tener faltantes históricos, siendo los principales ‘morosos’ las EPS administradas por el Gobierno nacional. En segundo lugar, el centro médico se habría convertido en la máquina política de algunos congresistas cercanos al Ejecutivo que tienen injerencia en la región.
El contratista que se ganó el contrato de 89.000 millones de pesos, adjudicado antes de la intervención de la superintendencia, se pudo sostener en el tiempo porque habría recibido la bendición de la senadora de Comunes Sandra Ramírez. Mientras que otros contratistas, tras el cambio de administración, habrían tenido que conversar con el representante Jhon Fredy Núñez.
“Al contratista (de la obra) lo mandaron a hablar con la senadora por si quería ejecutar ese contrato y a los asesores que trabajaban en el hospital, para que los dejaran, les tocó hablar con el representante. Se habló que tenían que apoyarlos en el tema electoral”, reconoció uno de los funcionarios del centro médico bajo reserva, pues teme repercusiones en su contra. Otro más reseñó: “El hospital se lo entregaron a los dos congresistas. Mucha gente tenía que ir donde ellos para que les renovaran el contrato o para que les dieran el contrato, entre otros. A mí me citaron, pero yo no fui”.
Ambos congresistas fueron contactados por SEMANA para conocer su opinión sobre los señalamientos. Jhon Fredy Núñez negó las acusaciones y manifestó que solo trabaja por el bien de su territorio, mientras que Sandra Ramírez no respondió.
Movimientos sospechosos
En medio de la intervención al hospital, también se hicieron cambios de fondo en las finanzas. Antes de que tomara posesión la superintendencia, un asesor recibía honorarios, como máximo, de 5 millones de pesos; con el cambio, la cifra escaló, en algunos casos, a 16 millones de pesos con funcionarios que trabajaban por fuera del departamento. “No sabemos si estaban pagando favores políticos”, dijo un alto directivo del hospital.
A eso se suma que hubo contrataciones de especialistas con salarios mensuales cercanos a los 40 millones de pesos y estaban en disponibilidad, es decir, acudían al centro médico solo cuando los requerían.
“Ellos hicieron una gran cantidad de barrabasadas en el hospital, que estaba fuerte económicamente, lo entregaron con deudas históricas. En tan solo cuatro meses, 30.000 millones de pesos. Pero ha sido el único hospital que ha podido ganar la batalla a la superintendencia”, dijo el gobernador Luis Francisco Ruiz.
Las movidas no solo fueron en este centro médico. La Gobernación de Caquetá alertó de aparentes presiones del Gobierno nacional para levantarle “la medida de cierre” a una IPS que había incumplido con la norma sanitaria, presuntamente cercana a un congresista del Gobierno Petro, para que asumiera la distribución de medicamentos a pacientes con patologías de VIH y hemofilia de Asmet Salud –intervenida por la superintendencia–.
“El representante Jhon Fredy Núñez, usando sus influencias, ha ejercido presión ante el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud para que el ente territorial realizara el levantamiento y también para la consecución de estos contratos”, detalló un alto funcionario de la entidad.
Para la administración departamental, los 89.000 millones de pesos fueron la condena que los puso en la mira de las autoridades sanitarias y por eso habría iniciado la aparente persecución para quedarse con el control del principal hospital de Caquetá y tomar partido en los principales contratos. Por este posible entramado, ya hay varias acciones legales en curso y se espera una decisión final sobre la legalidad de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, quien respondió que actuó con base en la ley y negó interferencias políticas en sus decisiones.
