El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió, por un término de 30 días, el trámite de la demanda interpuesta por la firma Thomas Greg & Sons contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el caso de la licitación de los pasaportes.
La decisión fue adoptada por la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, en un auto de dos páginas, ante la intención que manifestó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de intervenir en nombre de la Nación en el marco de este pleito.
“Es decir que la suspensión del proceso operó desde el 1 de agosto de 2024, de modo que las solicitudes de adición y aclaración presentadas por las partes se resolverán una vez se cumpla el término de la referida suspensión”, señala uno de los apartes de ata decisión.
Con esta demanda la firma Thomas Greg reclama más de $117.000 millones de pesos por haber expedido la resolución con la cual se declaró desierta la licitación de los pasaportes, en 2023.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, y su grupo de asesores avanza en el análisis de esta demanda para emitir un primer concepto frente a esta demanda en defensa de los intereses de la Nación, en torno a si es procedente seguir adelante con este pleito o si se busca una eventual conciliación.
“En el tema de los pasaportes hay una demanda contenciosa administrativa que se surte ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, (…) Si la Agencia decide intervenir será absolutamente en defensa de los intereses de la Nación”, dijo en su momento el directo de la Agencia César Palomino Cortés.
La pretensión de la demanda se relaciona con las ganancias que habría obtenido Thomas Greg de la ejecución del contrato y por el daño a la reputación de la firma.
La demandante pretende que se determine la nulidad del acto administrativo que declaró desierto el proceso de Licitación Pública No. LP-001-20232, con el consecuente restablecimiento del derecho.
Así mismo, pretende que, en caso de que la Cancillería no acceda a la revocatoria directa de la decisión, “se declare la nulidad de la Resolución que así lo resuelva”.
La demanda fue instaurada, ya que la Cancillería, a finales de marzo, decidió revocar la resolución 1396 de 2024, que emitió el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, el 26 de febrero de este año en las que se adjudicaba el contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons.
