El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, anunció la convocatoria a sesiones extraordinarias con el objetivo de examinar con rigor los decretos que expida el Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia económica, lo que desató un inmediato cruce de declaraciones con el Ejecutivo.
Según explicó García Turbay, la decisión obedece al deber constitucional del Congreso de ejercer control político sobre las medidas adoptadas por el Gobierno y proteger la autonomía del poder legislativo. No obstante, el presidente del Legislativo no precisó una fecha para el inicio de dichas sesiones.
El anuncio generó una reacción directa del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien advirtió que el Congreso no puede iniciar el estudio de la emergencia hasta que el Gobierno envíe oficialmente el informe de la declaratoria y sus medidas, tal como lo establecen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994.
Benedetti también cuestionó la posibilidad de que las sesiones se realicen de manera virtual, señalando que solo pueden convocarse por Zoom en circunstancias excepcionales, como pandemias o desastres naturales. “El informe se enviará en la oportunidad debida y el Gobierno estará dispuesto a asistir a las citaciones que el Congreso decida”, afirmó.
A las críticas se sumó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien lanzó un fuerte cuestionamiento al presidente del Congreso al señalar que “o no conoce la Ley Quinta, lo cual es grave, o la conoce y prevarica, lo cual sería aún más grave”.
Ante los señalamientos, Lidio García respondió con dureza, recordando que tanto Benedetti como Sanguino, cuando fueron congresistas, defendieron la independencia del Legislativo. “Hoy, desde el Ejecutivo, buscan condicionarla”, afirmó.
El presidente del Congreso sostuvo que la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe del Gobierno y advirtió que las reacciones de los ministros “plantean legítimos interrogantes sobre lo que se pretende evitar”.
El episodio marca un nuevo pulso entre el Congreso y el Ejecutivo, en medio del debate nacional por el alcance y control del estado de emergencia económica.
