El presidente Iván Duque notificó este miércoles que respetando de manera constructiva cualquier apreciación, el Código Penal colombiano es claro: los bloqueos son un delito.
Las precisiones las hizo el mandatario colombiano en un nuevo pronunciamiento frente a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la cual convalidó los bloqueos viales en las protestas sociales denominándolos «cortes de ruta».
El presidente Duque expresó que los bloqueos lo que buscan es afectar los derechos delos demás, y que el Código Penal colombiano y las manifestaciones de los organismos de control son claros frente a esa actividad: son un delito.
“No empecemos a atenuarlos. No los llamemos ‘cortes de ruta’. No tratemos de relativizar lo que son en realidad. Porque el bloqueo lo que busca es la afectación de los derechos de los demás y, en una democracia, nadie necesita afectar los derechos de los demás para defender los propios”, expresó el presidente Duque.
En el acto de celebración del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, el jefe del Estado pidió no relativizar ni atenuar ni llamar “cortes de ruta” las actitudes que solo buscan ejercer presión y que tienen detrás claros intereses políticos.
“Es importante hacer reflexiones sin ambages, frente a temas como los bloqueos. No empecemos a atenuarlos. No los llamemos ‘cortes de ruta’. No tratemos de relativizar lo que son en realidad. Porque el bloqueo lo que busca es la afectación de los derechos de los demás y, en una democracia, nadie necesita afectar los derechos de los demás para defender los propios”, expresó el Jefe de Estado en un evento en la Casa de Nariño.
De la misma forma, aseguró que “respetando de manera constructiva cualquier apreciación, nuestro Código Penal es claro: los bloqueos son un delito y los organismos de control lo han expresado así. No se puede convertir la violación de un derecho en un trueque para tener la capacidad de ser escuchado por el Estado.
El Mandatario lamentó que los bloqueos organizados por individuos en diversas partes del país no solo afectaron la economía, sino que provocaron la muerte de inocentes e impidieron el acceso a los servicios de atención de pacientes que se movilizaban en ambulancias o los que esperaban elementos para atender sus afecciones de salud, aparte de miles de empleos perdidos por el cierre de fábricas.
“Nos duelen esos empleos que se vieron afectados por los bloqueos. Ese abastecimiento que se vio afectado por los bloqueos. Nos duele ver a madres perder sus hijos por no poder llegar a un centro de salud o la afectación de una vida naciente. Nos duele que se haya tratado de privar de oxígeno y de vacunas por esos bloqueos y tratar de estrangular a toda la nación para ejercer presión”, indicó.
También condenó que detrás de esas inmovilizaciones violentas hubiera “claros y repudiables intereses políticos electorales o electoreros”.
“En una democracia no existe nadie con una justificación política o ideológica para apelar a la violencia para justificar sus causas. La violencia es la ausencia de la razón y de la reflexión. Nadie puede pretender defender un derecho pisoteando el de los demás”, reiteró el Presidente Duque.
Precisó que el Gobierno ha escuchado a quienes se manifiestan y ha atendido sus inquietudes y quejas en el sitio donde ha sido requerido.
“La actitud de nosotros es sencilla: nadie le puede recomendar a un Estado democrático atenuar, ser pasivo, connivente o cómplice de alguna actitud hecho o circunstancia que afecte los derechos colectivos. Nadie puede defender un derecho pisoteando el de los demás”, puntualizó.
Previamente, en una declaración inicial, el presidente Iván Duque había rechazado las recomendaciones de la CIDH.
“Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un Gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica, como una expresión de la ciudadanía”, precisó.
“Pero los actos de vandalismo –agregó–, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la Constitución y la Ley, y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la Ley les otorga”.
El Mandatario recordó que los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos, ya que “vimos a niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas, vimos a personas perder el empleo y limitarse la movilidad por cuenta de esos bloqueos”.
Reiteró que esos bloqueos están claramente condenados en nuestro Código Penal y “nosotros seguiremos defendiendo el Código Penal colombiano para la protección de los derechos de todos los ciudadanos”.
Respecto a la recomendación que hace la CIDH sobre que la Policía Nacional no se mantenga en el Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado consideró que “ese no es un tema de capricho en Colombia”, porque “desde prácticamente el segundo Gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable. Sobre todo, corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y era que durante los años en que la Policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia”.
“Se ha mantenido esa estructura dentro del Ministerio de Defensa, pero, además, la Constitución colombiana, en su artículo 218, luego de un gran debate que tuvo la Asamblea Constituyente, fue clara en definir la Policía en su naturaleza civil. Y está en el Ministerio de Defensa para tener esa coordinación armónica con todas las fuerzas, pero también para cumplir labores de carácter humanitario y de protección”, explicó.
El Mandatario recalcó que Colombia, como nación de instituciones y como una democracia estable, seguirá siempre reconociendo y defendiendo el derecho a la protesta pacífica, a la vez que enfrentando todos los actos de vandalismo, de criminalidad, de bloqueos, que atenten contra los derechos de los demás.
“Pero también con una conducta muy clara de cero tolerancia frente a cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la Fuerza Pública, que tiene que regirse por el más alto estándar de apego a los derechos humanos”, subrayó.
El Presidente Duque anunció que la Canciller y Vicepresidente, Marta Lucía Ramírez, “estará exponiendo la respuesta oficial del Gobierno de Colombia al informe” y “nosotros seguiremos manteniendo el diálogo abierto y constructivo con todos los sectores, para que nuestro país marche exitosamente hacia adelante”.
D.A.
