El Consejo de Estado determinó que la Procuraduría General de la Nación tiene la facultad para sancionar, destituir e imponer inhabilidades a funcionarios elegidos por voto popular. Esta decisión, tomada después de un año de deliberaciones, aclara que las medidas adoptadas por la Procuraduría en este sentido deberán ser revisadas por el propio Consejo de Estado.
La resolución surge tras un recurso extraordinario de revisión presentado por Esther García, exalcaldesa que fue inhabilitada por la Procuraduría. Milton Chaves, presidente del Consejo de Estado, explicó que la interpretación permitirá que las sanciones impuestas no solo afecten a los funcionarios en ejercicio, sino también a aquellos que ya han dejado sus cargos después de su periodo constitucional.
Sin embargo, el Consejo de Estado puntualizó que esta medida es transitoria y que corresponde al Congreso de la República crear una legislación específica que regule los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente.
