El Consejo de Estado decidió continuar con el estudio de la demanda de nulidad contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, a pesar de que el demandante solicitó retirar la acción tras denunciar amenazas en su contra y contra su familia.
El proceso fue promovido por el abogado Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y del Trabajo. Aunque el actor pidió desistir, el alto tribunal explicó que, al tratarse de una acción de simple nulidad, esta no depende de la voluntad individual del demandante, pues tiene un carácter público orientado a la defensa del ordenamiento jurídico.
En un auto conocido este martes, el Consejo de Estado advirtió que la solicitud de retiro no fue libre ni espontánea, sino que estuvo mediada por presuntas presiones e intimidaciones derivadas de la exposición pública del caso. Según el tribunal, estas circunstancias comprometen la dignidad de la justicia y obligan al juez a prevenir y denunciar cualquier forma de coerción.
Por las mismas razones, el alto tribunal también negó la petición de renunciar a la medida cautelar que busca la suspensión provisional del decreto, al considerar que dicha decisión también estuvo influenciada por el ambiente de hostilidad denunciado.
Con esta determinación, el proceso sigue vigente y el Consejo de Estado deberá resolver de fondo si procede o no la suspensión provisional del decreto que estableció el salario mínimo para el año 2026.
