El Consejo de Estado ordenó recaudar nuevas pruebas dentro del proceso de pérdida de investidura –conocido como “muerte política”– que se adelanta contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por el episodio del llamado “tarimazo” en Medellín, donde participaron cabecillas criminales durante un acto público.
Entre las pruebas decretadas, el alto tribunal solicitó al Inpec la copia del oficio enviado por la congresista relacionado con la resolución que autorizó la salida de internos de la cárcel, documento clave para determinar su grado de intervención en ese hecho cuestionado.
Con el recaudo de estas evidencias, el Consejo de Estado procederá a fijar la audiencia pública dentro del proceso de pérdida de investidura, etapa en la que se definirá si la senadora incurrió en alguna causal que amerite su salida del Congreso.
