La Entidad insistió en que hará un seguimiento constante y permanente a cada una de las partes citadas en el fallo.
En fallo de segunda instancia el Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío y respaldó la solicitud que hizo la Procuraduría General de la Nación para que las autoridades garanticen el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.
El Procurador 34 Judicial I para Asuntos Ambientales y Agrarios de Armenia, que acompañó el proceso de manera permanente, señaló que en su decisión, la Sala de lo Contencioso Administrativo ratificó que se han vulnerado los derechos colectivos de los habitantes del municipio de Quimbaya.
En el mismo sentido, el Ente de control apuntó que el fallo resaltó la ausencia del equilibrio ecológico, y la importancia que se le debía otorgar al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible y conservación, entre otros aspectos.
El alto tribunal ordenó al municipio, a las Empresas Públicas del Quindío, el departamento y la Corporación Autónoma Regional priorizar las problemáticas evidenciadas; así mismo realizar de manera coordinada un diagnóstico detallado sobre el vertimiento de aguas residuales sin tratamientos en las quebradas de Quimbaya. Al finalizar deberán entregar conclusiones y acciones, y sus responsables, así como acciones a adelantar en el corto, mediano y largo plazo.
La Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría insistió en que hará un seguimiento constante y permanente a cada una de las partes citadas en el fallo, de manera que sea posible verificar que se le de cumplimiento a lo establecido; que el proceso de vigilancia será riguroso, apegado a la ley y tendrá como objeto que la comunidad logre disfrutar de servicios de calidad de manera sostenible.
