Ante la controversia por el contrato para proteger la casa del fiscal Francisco Barbosa, que implicó un gasto de $578 millones, se revela que el Contralor (e) trasladó la auditoría al despacho de Carlos Mario Zuluaga, quien aparentemente desestimó los hallazgos.
En medio de la creciente polémica en torno al contrato de protección para la residencia del fiscal Francisco Barbosa, que supuso un gasto de $578 millones, el Contralor encargado ha aclarado que nunca se realizó un cambio en el equipo de auditoría encargado del caso.
A unas horas de dejar su cargo, el fiscal Francisco Barbosa se topa con la que sería una polémica sobre su gestión. Los gastos reservados de la Fiscalía habrían aumentado hasta 171 por ciento solo en 2022 en comparación con el 2021, de acuerdo a información compartida por la revista Cambio. Este caso pone en el panorama al fiscal debido a que no habría entregado detalles sobre la forma en la que se invirtió el dinero. No obstante, la Contraloría tendría pruebas de que el fiscal empleó la plata para arreglar su casa.
Pese a lo delicado del asunto por el que sería el gasto de dinero público en temas personales, ahora se pone en cuestión al contralor encargado Carlos Zuluaga, pues según la misma revista, este se habría encargado de sepultar la investigación en contra del fiscal.
La auditoría especial comenzó a principios de 2023, cuando un equipo de la Contraloría se encargó de hacer una revisión sobre la Fiscalía General de la Nación por los gastos que se presentaron en 2022. Pero la labor de los auditores habría presentado dificultades para obtener información sobre los gastos para poder compartir un informe.
La Fiscalía se habría pronunciado al respecto y detalló que el fiscal Barbosa ordenó no compartir la información relacionada con los gastos públicos, ya que contaba con protección especial por cuenta de la seguridad nacional.
Pese a que el fiscal tuvo que permitir que la información fuera entregada, el funcionario no tenía deseo de conceder ese permiso. En medio de esto, ordenó que los datos fueran revisados en las oficinas de la Fiscalía, pero que los documentos no salieran. El argumento del fiscal ante la Contraloría tenía que ver con una supuesta amenaza.
En este caso, lo que pone también en cuestión al fiscal es que en el pasado la seguridad de los funcionarios no habría sido impedimento para que se entregaran datos sobre los gastos reservados a la Contraloría. De hecho, la ley indica que la misma Contraloría debe hacer seguimiento a esos gastos que desarrolle la Fiscalía.
La versión del contralor (e)
Por lo anterior, en Caracol Radio estuvo Carlos Zuluaga, contralor (e) compartiendo detalles sobre la auditoría de los gastos reservados del fiscal Francisco Barbosa. De esta forma, Zuluaga fue contundente al afirmar que “no se cambió el equipo de la auditoría” que estaba desarrollando la investigación contra Barbosa.
Por otra parte, el controlador (e) indicó que ve la necesidad de hacer varias aclaraciones sobre los hechos. “Tengo que aclarar que el equipo auditor no se cambió en el marco de esa auditoría. El mismo equipo que inició esa auditoría fue el mismo que la terminó. Por lo tanto, ahí hay una imprecisión grave. Sí, se hizo un cambio. Lo hice a partir del año 2024″.
“Los hallazgos y toda la información relacionada con el informe fueron trasladados a la Fiscalía y fue establecido el informe definitivo el día 30 de noviembre de 2023. Entonces esta es la primera claridad. Es importante porque aquí no hubo un cambio para que pusieran, quitaran o dejaran colocar alguna información”, agregó.
Adicionalmente, el funcionario de la Contraloría detalló que los jefes de la Fiscalía en el pasado han tenido la posibilidad de mejorar sus viviendas por cuenta de la seguridad. “Todos los fiscales han tenido la oportunidad de hacer blindaje en sus viviendas y ese es un tema de seguridad de los fiscales, no del actual fiscal. Es un asunto que ha sido recurrente y que nunca había generado un detrimento patrimonial o mucho menos se había cuestionado la conveniencia legal de hacer un blindaje o mejorar la seguridad de la vivienda de los fiscales”.
