La Contraloría General de la República advirtió este lunes que la deuda acumulada por parte del Gobierno Nacional con las empresas del sector eléctrico y de gas por concepto de subsidios asciende a $7,6 billones, una situación que podría comprometer la continuidad del servicio, especialmente para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
Según el ente de control, este retraso en los giros representa un “riesgo sistémico” para la sostenibilidad del sistema energético del país. Las cifras, presentadas por el Comité Intergremial de Energía y Gas, revelan que la deuda se distribuye en $2,7 billones por subsidios de energía eléctrica, $3,3 billones por opción tarifaria, $1 billón por deuda de usuarios oficiales y $628 mil millones por subsidios de gas combustible.
Ante la gravedad de la situación, la Contraloría, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, conformó una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético para hacer seguimiento a las acciones que adopten los diferentes actores del sector. El objetivo es mitigar los riesgos relacionados con la sostenibilidad, calidad y cobertura de estos servicios esenciales.
En una primera mesa de trabajo fueron convocados el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y su equipo, así como la agente interventora de la empresa Air-e, para conocer el estado del proceso de intervención y garantizar la prestación del servicio.
Además, a través de la Circular Conjunta No. 006 de 2025, el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra y el procurador Gregorio Eljach Pacheco exigieron a la Superintendencia información detallada sobre:
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Las normas que sustentan la supuesta prohibición de coadministración en empresas intervenidas.
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Los recursos actuales del Fondo Empresarial y sus beneficiarios.
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La respuesta a la solicitud de la agente especial para obtener $2,8 billones que aseguren la operación de Air-e en 2025.
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Las garantías exigidas para los préstamos otorgados por el Fondo Empresarial.
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Los resultados de inspección y vigilancia a la empresa intervenida.
También se solicitó información sobre los mecanismos de control del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, y sobre la fiabilidad de los datos reportados en el Sistema Único de Información (SUI).
Finalmente, la Contraloría urgió al Ministerio de Minas y Energía a agilizar las acciones correctivas necesarias para garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio. “La falta de una solución integral podría vulnerar derechos fundamentales de millones de colombianos”, advirtió el contralor Rodríguez Becerra.
