La Contraloría General de la República, realizó un estudio que evaluó los resultados de la estrategia nacional de financiamiento climático en Colombia, 2022- 2023 a partir del cual se logró evidenciar que existen problemas tanto en la cantidad como en el acceso a la información, lo que dificulta el seguimiento y la evaluación de la brecha de financiamiento.
Aunque la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático (ENFC) logró aumentar la movilización de recursos públicos para enfrentar el cambio climático, persisten limitaciones significativas en el rastreo y monitoreo de las fuentes privadas e internacionales. Esta falta de seguimiento impide evaluar con precisión la eficacia de la estrategia y determinar si realmente se ha avanzado en el cierre de la brecha de financiamiento climático, ya que no fue posible estimar adecuadamente las necesidades de recursos en los años analizados.
Actualmente, la estimación no incluye los recursos provenientes de la cooperación internacional ni del sector privado, lo que limita la visión real sobre el aporte total al logro de metas y al financiamiento climático. Además, los datos sobre recursos movilizados provienen de diferentes sistemas que no identifican claramente la inversión destinada al cambio climático, por lo que es necesario realizar procesos adicionales de verificación y clasificación, lo que afecta la rapidez y precisión de los datos.
El estudio evaluó la línea “Desarrollo de instrumentos económicos y financieros”, hallando una ausencia de inventario actualizado que registre ajustes, rediseños o incorporaciones de instrumentos posteriores a la estrategia de 2017 y su actualización en 2022. Además, no existe un monitoreo que asegure el cumplimiento de sus objetivos, imposibilitando evaluar su eficacia en la movilización de recursos para el cambio climático y su impacto en la reducción de la brecha de financiamiento.
La estimación de la brecha de financiamiento se realizó exclusivamente con base en fuentes públicas, la mayor inversión en proyectos para cambio climático en los años 2022 y 2023 provino de los presupuestos municipales (40,1 %), seguido por los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) (29,2%), el Presupuesto General de la Nación (PGN) (20,9 %) y, finalmente los departamentales (9,8 %).
En 2022 se destinaron COP$ 3.798,9 miles de millones (0,26 % del PIB) y en 2023 COP$ 5.224,3 miles de millones (0,33 % del PIB), ambos por encima del promedio histórico de 0,16 % del PIB. Sin embargo, este crecimiento no permite concluir que la brecha de financiamiento haya disminuido, pues no fue posible estimar las necesidades de financiamiento para dichos años
En los años 2022 y 2023, el país recibió $ 2.0 billones de fuentes internacionales, para el financiamiento climático. Sin embargo, el Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (SMRV) de financiamiento climático, administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), solamente utiliza la información del sistema Cíclope de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), el cual registra datos de cooperación internacional no reembolsable, dejando por fuera otros instrumentos como créditos, donaciones en especie y asistencia técnica. Dada la importancia de esta fuente en el financiamiento climático de Colombia, la Contraloría insta a mejorar el rastreo y contabilización de todos los aportes provenientes de ella y utilizar la información en la estimación de la brecha.
De acuerdo con los datos del SMRV que tienen como referencia la Encuesta Ambiental Industrial (EAI) del DANE, el sector privado movilizó COP$ 930,1 miles de millones durante el periodo 2022-2023
Una limitación estructural del SMRV es su incapacidad para registrar los datos de los recursos efectivamente movilizados por varias subfuentes de financiación privada. Específicamente, el sistema no captura la contribución financiera del sector bancario, el sector asegurador, los mercados de carbono, el sector empresarial y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Esta omisión dificulta el seguimiento y la posibilidad de determinar con precisión el aporte real de las fuentes privadas al cierre de la brecha.
