Más de $86 mil millones en hallazgos por proyectos energéticos que no beneficiaron a la comunidad
La Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por $86.054 millones en dos contratos ejecutados por Ecopetrol, cuyo propósito era fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia, tras la emergencia provocada por el huracán Iota y en el marco de la transición energética.
El informe del ente de control revela graves fallas de planeación, ejecución y supervisión, que derivaron en proyectos inconclusos y sin beneficio para la comunidad raizal.
Ecoparque Solar Providencia: $49.592 millones en riesgo
El primer hallazgo corresponde al convenio interadministrativo 453 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, para la construcción de un ecoparque solar.
Según la Contraloría, el proyecto presenta inoperancia integral, deterioro ambiental de los activos, pérdida progresiva de vida útil y riesgos de sobrecostos futuros. Además, se evidenció el incumplimiento en la entrega del sistema de almacenamiento de energía (BESS), componente clave que dependía de una donación internacional sin garantías contractuales.
El ente de control concluyó que la operación parcial del ecoparque no cumple el objeto contractual, pues la planta nunca fue puesta en funcionamiento de manera integral. En consecuencia, los recursos invertidos no prestan servicio ni generan beneficio alguno para la isla.
Contrato con Morelco: $36.462 millones no recuperados
El segundo hallazgo fiscal se relaciona con el contrato No. 3050857, firmado entre Ecopetrol y la empresa Morelco S.A.S., por un valor asegurado de $36.462 millones, que no fue recuperado.
La auditoría determinó que Ecopetrol no aplicó oportunamente multas ni medidas correctivas frente a reiterados incumplimientos del contratista entre 2023 y 2024. Las acciones legales y el reclamo ante la aseguradora se iniciaron cuando el contrato ya había vencido y la póliza estaba expirada.
Para la Contraloría, esta gestión extemporánea impidió mitigar el daño fiscal y refleja deficiencias en el control contractual, que terminaron afectando los recursos públicos.
