La Contraloría ordenó una investigación sobre los procesos de contratación realizados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), durante los últimos cuatro años.
Los hallazgos de esta investigación serán remitidos a la Unidad Anticorrupción de esta entidad. “Hemos ordenado que los hechos de alto impacto nacional desarrollados en la unidad durante los últimos cuatro años, no solamente este año y medio, sino cuatro años, sean trasladados todos a la unidad anticorrupción de la Contraloría”, indicó el contralor general (e) Carlos Zuluaga.
Zuluaga agregó: “En virtud de eso, ustedes vieron que nosotros, desde el año pasado, suspendimos al director de la unidad, fuimos la primera entidad en hablar sobre las irregularidades que tenía la unidad de gestión del riesgo”.
Además, señaló que se inició una investigación sobre los carros tanques, determinando que había un sobrecosto inicial de 7.760 millones de pesos.
La semana pasada, la Contraloría autorizó embargos a cuentas y bienes de personas involucradas en la contratación, incluyendo a Olmedo López y a Sneyder Pinilla.
Zuluaga afirmó: “Hoy hemos ordenado a la Contraloría, a los equipos, embargar las cuentas y los bienes de ex directores que estuvieron en contrataciones relacionadas con ‘Caregato’”.
El contralor general también mencionó que se han abierto procesos de responsabilidad fiscal y que todas las inversiones realizadas han tenido dificultades para materializar el beneficio real a las poblaciones en La Mojana.
Actualmente, se encuentran en proceso de embargo a exdirectores, contratistas y personas que participaron en los diferentes contratos que se han ejecutado en el proyecto de ‘Caregato’, exactamente aquellos que participaron en la reconstrucción del Jarillón en La Mojana.
Zuluaga explicó que “por lo menos de los últimos seis años están vinculados al proceso de responsabilidad fiscal. Ellos como directores, secretarios generales, contratistas, aseguradoras, y a partir de hoy, se están decretando en la mañana de hoy, embargos en el marco del proceso de responsabilidad fiscal aperturados los bienes de estas personas”.
Finalmente, el contralor general destacó que si se determina al cierre del proceso el fallo como detrimento patrimonial, se tendrán recursos que recuperar.
“Es bueno que los colombianos sepan que hoy la Contraloría tiene más de 2.2 billones de pesos en embargo a ciudadanos, funcionarios, gestores fiscales, contratistas, aseguradoras en el marco del proceso, porque queremos que cuando se falle la responsabilidad fiscal, tengamos que devolverle recursos a la Nación”, concluyó Zuluaga.
Según él, la Contraloría ha devuelto al Tesoro Nacional 1.8 billones de pesos en recaudo por cobro coactivo, siendo la cifra más alta que ha tenido el órgano de control en sus 100 años de existencia en función de cobros girados a la Nación por recuperación de plata en procesos de responsabilidad fiscal.
