El Gobierno tendrá que dar cuenta a la Corte Constitucional, la próxima semana, de las medidas que ha adoptado para proteger la integridad de los líderes sociales en los territorios así como la actividad que ellos realizan en favor de sus comunidades. Para tal fin fueron citados los ministerios del Interior y de Hacienda, así como la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según cifras de oenegés, desde la firma del Acuerdo de Paz, en el 2016, han sido asesinados más de 400 líderes sociales en diferentes regiones del país, en las cuales hacen presencia la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc y otros grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, la minería legal y la extorsión.
La Corte Constitucional, mediante Auto 538 de 2022, convocó a la citada audiencia, el 28 de abril, dentro del proceso de tutela T-8.018.193 y acumulados, la cual se realizará de manera virtual.
El asunto versa sobre nueve acciones de tutela presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades estatales, entre ellas, la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la UNP y la Procuraduría General de la Nación.
Según los escritos de tutela, la afectación de los derechos se produce en diferentes escenarios: algunos de los accionantes no cuentan con protección de la UNP; otros afirman que si bien el Estado les ha brindado protección a través de esquemas de seguridad, ello no ha sido suficiente dado que no son eficaces y no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial, cultural, ni territorial.
Igualmente, destacan que ello ha afectado la representación de las colectividades y que no existen políticas que eviten la estigmatización sistemática de la cual son víctimas.
A la sesión fueron citados representantes de los accionantes; la Defensoría del Pueblo; la Procuraduría General de la Nación; la Fiscalía; la Federación Colombiana de Municipios; el Gobernador del departamento del Cauca; la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes); la oenegé Somos Defensores; el exnegociador para la paz, Humberto de la Calle Lombana; la Misión de Verificación de Naciones Unidas; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch.
La Corte Constitucional explicó que la audiencia abarcará cuatro ejes temáticos. Primero, la situación actual de protección a la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos. Segundo, las medidas legislativas, administrativas y presupuestales adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política pública de protección la población líder y defensora de derechos humanos.
Tercero, la efectividad de las rutas de protección y de las medidas para garantizar la vida y la integridad de la población líder y defensora de derechos humanos y de grupos, colectivos y/o comunidades que tienen por objeto la defensa de los derechos humanos.
